España es uno de los líderes mundiales en generación eólica. El sector eólico posee una tecnología nacional de las más avanzadas del mundo; nuestras máquinas están diseñadas con know-how 100% español, y se exportan a Estados Unidos, China, Brasil, India, Italia, Francia y un largo etcétera.
Desde los noventa ha existido una comunión entre la Administración y la industria, desarrollando políticas que han permitido llegar donde estamos hoy en día y ser un ejemplo para Europa y el mundo de cómo legislar el marco normativo para el desarrollo de las energías renovables.
Pero si hemos sido capaces, entre otras cosas, de generar inversiones valoradas en más de 25.000 millones de euros, crear más de 35.000 empleos, evitar la emisión de más de 20 millones de toneladas de CO2 al año, cubrir las necesidades de electricidad de más de 10 millones de hogares, exportar 2.000 millones de euros en tecnología, aportar al PIB alrededor de 3.200 millones de euros anuales y convertir al eólico en uno de los sectores con mayores perspectivas de desarrollo, ¿por qué abandonar el camino que tan buen resultado nos ha dado?
Las iniciativas del Gobierno en esta materia se han limitado a atender el mandato establecido en el Real Decreto 661/2007, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. De esta manera, el Gobierno ha presentado un nuevo plan para el periodo 2011-2020 que incorpora objetivos acordes con la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.
Debido a la crisis económica y a la incertidumbre ligada a los procesos de cambio regulatorio, veníamos observando que la evolución de las energías renovables se estaba invirtiendo con una importante repercusión en el empleo. A nuestro juicio, las propuestas de mejora relativas al régimen especial de generación eléctrica del nuevo plan parecen una mera declaración de intenciones, que aun estando de acuerdo con ellas, necesitan concreción y que obedezcan al interés general. Por tanto, nos preguntamos en qué sentido este plan 2011-2020 despeja cuestiones tales como la estabilidad y predictibilidad necesarias para incentivar la generación a partir de tales recursos. Consideramos que el marco regulatorio debe ser fijo y estable, de modo que desde la puesta en marcha hasta el fin de la vida útil de la instalación el marco retributivo sea el contemplado en los inicios, sin sufrir modificaciones retributivas retroactivas. Este plan no lo asegura. El sistema de primas del Real Decreto 661/2007 finaliza en diciembre de 2012.
El plan aborda la posible sustitución del sistema de primas regulado en este real decreto de forma inversa a la estabilidad que requiere el sector. Introduce una propuesta de cambio de modelo hacia primas variables en el tiempo y aplicables a todos los parques que se instalen dentro del nuevo sistema regulatorio, además de una restricción significativa de las horas remuneradas y unas tarifas que limitarían el desarrollo de los proyectos futuros, porque si un año el sector superase el cupo previsto, la prima se rebajaría automáticamente para todos los parques posteriores al RD 661/2007.
Respecto a los objetivos del Plan de Energías Renovables 2011-2020 en el sector eléctrico, se mantienen los del Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (Paner) en eólica terrestre, pero se recortan los destinados a eólica marina, de manera que se reducen los megavatios a instalar de 3.000 a 750, lo que impedirá a nuestro país aprovechar su potencial offshore.
El sector eólico necesita el cumplimiento del Paner enviado por el Gobierno a la Comisión Europea para 2020: 35.000 megavatios en tierra y 3.000 en eólica marina. Si no se llegara a alcanzar el objetivo marino, se debería incrementar el de tierra en la misma cantidad. Por todo esto exigimos al Gobierno que antes del fin de esta legislatura dedique su energía a definir un marco regulatorio para el sector eólico que dé continuidad a lo hasta ahora legislado en esta materia por diferentes Gobiernos desde los años noventa, y que ha sido considerado un modelo en toda Europa. Es preciso reanudar las conversaciones entre el Ministerio de Industria y el sector con el fin de asegurar la recuperación del tejido industrial y del empleo que se están destruyendo.
Los vehículos eléctricos con baterías de litio no emiten CO2 ni dañan el medio ambiente, siempre que la electricidad provenga de energías renovables, como la eólica, la energía solar fotovoltaica y la termosolar o solar termoeléctrica. Los aerogeneradores podrán suministrar la electricidad al vehículo eléctrico, que en un futuro servirán también para almacenar y regular la electricidad intermitente del sector eólico.
José Ignacio San Miguel. Secretario federal de MCA-UGT
