La Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (Aprean) ha mostrado su preocupación por el riesgo que supone, para las inversiones, cercanas a los 2.000 millones de euros, en instalaciones eólicas previstas en Andalucía el contenido del Real Decreto enviado por el Ministerio de Industria a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para establecer un nuevo marco regulatorio de la energía eólica.
Aprean ha señalado que la norma propuesta por el Gobierno central no garantiza la rentabilidad mínima razonable para poner en marcha las inversiones contempladas tanto en el concurso de 500 megavatios (MW) eólicos adjudicados por la Junta de Andalucía en 2009 como en los mil megavatios eólicos convocados por la Administración andaluza en nuevo concurso el pasado mes de agosto.
El presidente de Aprean, Mariano Barroso, ya anunció hace unas semanas que si la iniciativa sigue su curso en los mismos términos, se puede hacer peligrar entre el 20% y el 30% del empleo del sector, del que dependen 10.000 puestos de trabajo en Andalucía y 1.500 en Málaga.
A juicio de Aprean, la norma propuesta por el Gobierno no garantiza la rentabilidad mínima razonable para poner en marcha las inversiones contempladas tanto en el concurso de 500 megavatios eólicos adjudicados por la Junta de Andalucía en 2009 como en los 1.000 megavatios eólicos convocados en nuevo concurso.
Aprean estima que la normativa presentada por el Ministerio de Industria pone en peligro una inversión cercana a los 2.000 millones de euros en Andalucía, en un horizonte de dos años, con lo que ello implica en cuanto a pérdida de generación de riqueza y de empleo, directo e indirecto, sobre todo en zonas rurales desfavorecidas.
La asociación considera que el nuevo marco propuesto por el Gobierno central afectaría incluso a la viabilidad presente de buena parte del tejido empresarial andaluz que se dedica a la energía renovable eólica y "paralizaría" el desarrollo que hasta la fecha le ha hecho ostentar una posición de liderazgo a nivel nacional e internacional por capacidad, conocimiento e innovación.
El borrador establece una senda de instalación de 1.400 MW eólicos anuales en España pero con las condiciones económicas propuestas no se garantiza la rentabilidad razonable de los proyectos. Así, los críticos dicen que su efecto será el de una moratoria de facto de cara a los próximos años. Se propone un sistema de primas variables que se rebajarían automáticamente para los nuevos parques si se superasen los cupos anuales. También se limita de 20 a 12 años la percepción de la prima y sólo se cobrará durante las primeras 1.500 horas. Además, las primas no se revisarán de acuerdo con el IPC, como ahora, ni se asegura una remuneración mínima garantizada.
Málaga cuenta con 19 parques en Casares, Ardales, Campillos, Cañete la Real, Álora, Teba, Almargen, Sierra de Yeguas, Villanueva de Algaidas y Valle de Abdalajís. Con esta potencia, se de cobertura a más de medio millón de personas y se evita la emisión de 326.000 millones de toneladas de CO2, el equivalente a 180.000 vehículos. Ahora mismo hay prevista la construcción de dos parques.
Los vehículos eléctricos con baterías de litio no emiten CO2 ni dañan el medio ambiente, siempre que la electricidad provenga de energías renovables, como la eólica, la energía solar fotovoltaica y la termosolar o solar termoeléctrica. Los aerogeneradores podrán suministrar la electricidad al vehículo eléctrico, que en un futuro servirán también para almacenar y regular la electricidad intermitente del sector eólico.
