El Gobierno de CiU persigue con su decisión revitalizar el mapa eólico catalán. En diciembre del 2010, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) suspendió cautelarmente el acuerdo de implantación de las zonas de desarrollo eólico (aprobado por el tripartito en junio del 2010) al estimar que la Administración catalana no sometió el plan al trámite previsto en la ley catalana de evaluación ambiental de planes y programas (2009). Esta ley exige efectuar un examen ambiental estratégico global de las grandes obras e infraestructuras, atendiendo a las directivas europeas.
El correctivo legal supuso un doble mazazo, pues al anularse el mapa con las zonas de desarrollo eólico prioritario escogidas (ocho áreas repartidas por toda Catalunya) se creó también una gran inseguridad jurídica sobre la legalidad de la adjudicación posterior que se hizo para explotar los correspondientes parques eólicos. El tripartito adjudicó siete áreas mediante concurso público. Tras heredar este conflicto, el nuevo Gobierno de CiU recurrió la decisión del TSJC ante el Tribunal Supremo, pero existe el temor de que la sentencia definitiva se demore en exceso, que llegue demasiado tarde. Y por eso el actual Govern ha buscado otra vía más rápida para evitar que se pierdan las inversiones previstas en los nuevos parques.
“Hemos reiniciado todo el procedimiento de impacto ambiental para cumplir la sentencia, al margen de que avance el recurso que presentamos ante el Tribunal Supremo”, indica el conseller Recoder. Ahora, se deberá evaluar la incidencia que tendría el conjunto de estos parques sobre la fauna, la flora y los demás elementos del territorio.
La intención del Gobierno catalán es que el proceso administrativo pueda culminar antes de fin de año; y para ello, como base, se partirá de la selección de las mismas zonas ya escogidas, y cuya delimitación tuvo un amplio grado de consenso con alcaldes y consejos comarcales. “Lo que queremos también es que la construcción de los parques no se demore y que las empresas no pierdan las primas por la remuneración que obtienen por la electricidad limpia generada”, asegura el conseller.
Las empresas que se adjudicaron los concursos habían expresado su preocupación ante el hecho de que el litigio judicial les genera grandes incertidumbres sobre la legalidad de la construcción de los parques eólicos. ¿Pueden iniciar la construcción de estos, si todo el proceso está “contaminado de origen” en su fase de planificación? Ahora sería el momento en que las empresas deberían empezar a encargar la fabricación de los aerogeneradores de viento, pero se sienten inseguras; y van posponiendo la decisión, pues temen que una vez hecho el pedido no puedan levantar luego los molinos si hay otra decisión judicial que se interpone.
“Las empresas están nerviosas y nosotros también”, dice Recoder, convencido de que es posible ganar el tiempo perdido por Cataluña en la instalación de parques eólicos. “La situación creada nos lleva a la posibilidad de incrementar nuestra potencia eólica instalada a remolque de los beneficios lógicos que podrían tener estas empresas”.
El anterior gobierno creyó que con la tramitación efectuada para seleccionar los emplazamientos (un largo proceso de concertación entre diferentes conselleries) era insuficiente. Pero el Tribunal Superior de Justícia “nos dijo el pasado mes de diciembre que se debía volver a hacer la tramitación, y es lo que estamos haciendo”, añade Recoder.
Ahora, se registrará una doble carrera para salvar los parques eólicos; una será el nuevo procedimiento administrativo, y la otra, el camino más o menos largo que aún debe recorrer la sentencia definitiva del Tribunal Supremo.
La gran vencedora del proceso de adjudicación de los parques eólicos fue la unión de Gas Natural y Alstom, que se quedó con los derechos de las zonas del Alt Empordà, Segarra-Conca de Barberà y Terra Alta (456 megavatios eólicos en total, de los 796 megavatios que estaban en juego en total, casi el 60%). Comsa Emte y Gerr (Segrià-Ribera d’Ebre), Fersa y Aventalia (Alt Penedès-Alt Camp y Ribera d’Ebre-Baix Camp), y FCC (Anoia-Segarra) fueron la otras empresas adjudicatarias. Una octava zona aún no ha sido adjudicada.
La Associació Eòlica de Catalunya (EolicCat), que reúne a las empresas del sector, calculó que la inversión en juego asciende a 1.236 millones de euros, incluyendo las contrapartidas económicas que recibirán los municipios. El riesgo de pérdida de inversión alcanzaría los 3.500 millones de euros si se suman los planes industriales asociados a este desarrollo.
La asociación EolicCat ya pidió el pasado mes de marzo al gobierno de la Cataluña una respuesta rápida para solucionar la situación creada per el auto del juez que ratificó la paralización del acuerdo. “La actual situación pone en peligro no sólo el desarrollo de la eólica en las zonas de desarrollo prioritaria, sino también el futuro de algunos parques en tramitación (con el anterior procedimiento), ya que en muchos casos comparten infraestructura de evacuación a la red”, señala su presidente, Ramon Carbonell.
Los vehículos eléctricos con baterías de litio no emiten CO2 ni dañan el medio ambiente, siempre que la electricidad provenga de energías renovables, como la eólica, la energía solar fotovoltaica y la termosolar. Los aerogeneradores podrán suministrar la electricidad al vehículo eléctrico, que en un futuro servirán también para almacenar y regular la electricidad intermitente del sector eólico.
