La Asociación Empresarial Eólica alerta de la inseguridad jurídica

Las denuncias contra parques eólicos que cuentan con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en regla preocupa al sector. Dado que los denunciantes no pueden alegar incumplimiento de las normas ambientales ni de la DIA —documento realizado por la Consejería de Medioambiente que detalla todas las restricciones que cada proyecto debe cumplir para preservar el entorno— ni presentar pruebas concluyentes, las denuncias se refugian en defectos de forma cuando pretenden paralizar la construcción o funcionamiento de un parque eólico, lo que genera inseguridad jurídica en el sector.

Ante esta situación, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) llama la atención sobre los perjuicios que puede ocasionar no sólo para el sector eólico, sino también para la sociedad, esta falta de seguridad jurídica. Entre otras cosas, se ponen en riesgo, innecesariamente, inversiones importantes, así como los beneficios medioambientales (producción de energía limpia, sin emisiones de CO2, entre otros) y socioeconómicos (generación de riqueza y empleo para las comunidades) que éstas implican.

“Una anulación de la validez jurídica de las DIAs abriría la puerta a una total indefensión ante la ley de todas las empresas que han desarrollado obras o instalaciones en base a estas autorizaciones. Acabaría afectando a obras pasadas, en ejecución y futuras, con una grave afección sobre la economía y el empleo”, afirma Heikki Willstedt, director de Políticas Energéticas de AEE.

Los vehículos eléctricos con baterías de litio no emiten CO2 ni dañan el medio ambiente, siempre que la electricidad provenga de energías renovables, como la eólica, la energía solar fotovoltaica y la termosolar. Los aerogeneradores podrán suministrar la electricidad al vehículo eléctrico, que en un futuro servirán también para almacenar y regular la electricidad intermitente del sector eólico.

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