La medida, que entrará en vigor a partir del 1 de julio del año que viene, afectará a unas 500 grandes empresas contaminantes, principalmente del sector eléctrico, minero y de la energía. El impuesto aumentará anualmente un 2,5% en términos reales hasta 2015, año en que se dará paso a un esquema de comercio de emisiones similar al de la Unión Europea (UE) donde el mercado internacional fijará los precios.
Con la medida, Australia pretende recortar 159 millones de toneladas de dióxido de carbono al año para 2020, lo que significa reducir las emisiones un 5% en relación con los niveles de 2000. Gillard, quien en los últimos meses se ha convertido en el gobernante más impopular en el país en casi tres lustros, explicó que estas cantidades equivalen a sacar de la circulación unos "45 millones de coches".
Este plan, que cuenta con solo un 30% de apoyo popular, es considerado como uno de los más ambiciosos después del sistema creado en la UE en 2005 para regular las transacciones de derechos de emisión entre los sectores más contaminantes. Australia contribuye con el 1,5% de la emisión global de gases de efecto invernadero, menos que EEUU, China, Rusia, la India y Japón, pero es una de las naciones más contaminantes del planeta en términos per cápita.
El líder de la oposición, el conservador Tony Abbott, subrayó que el plan del Gobierno australiano no contribuirá a mitigar el cambio climático, ya que se pronostica que China y la India aumentarán sus emisiones un 500 y un 350%, respectivamente. Abbott exigió que Australia afronte el cambio climático en "un contexto internacional apropiado", al insistir en que el nuevo impuesto tendrá un impacto negativo en los empleos y en los bolsillos de los australianos.
El Tesorero de Australia, Wayne Swan, quien acompañó en la rueda de prensa a Gillard, admitió que la reforma costará unos 4.300 millones de dólares locales (4.619 millones de dólares estadounidenses o 3.243 millones de euros) en los próximos cuatro años, principalmente en gastos vinculados a su implementación.
Australia, que depende en casi un 80% del carbón para generar electricidad, tiene previsto cerrar para 2020 la mayoría de las centrales eléctricas de carbón, promover las inversiones en el desarrollo de energías limpias y el desarrollo de tecnologías menos lesivas al medio ambiente.
Para mitigar los efectos de su polémico plan, Camberra destinará en los próximos tres años unos 9.200 millones de dólares locales (9.884 millones de dólares o 6.938 millones de euros) para apoyar a la industria afectada por el impuesto, principalmente en el sector siderúrgico, del aluminio y zinc, así como las papeleras. El plan incluye ayudas para el sector siderúrgico de unos 300 millones de dólares locales (322 dólares estadounidenses o 226 millones de euros) y de unos 1.300 millones de dólares locales (1.396 millones de dólares estadounidenses o 980 millones de euros) para el sector del carbón.
A partir de 2013, El Gobierno establecerá un fondo de 10.000 millones de dólares locales (10.744 millones de dólares estadounidenses o 7.542 millones de euros) para promover en los próximos cinco años las inversiones en energías limpias y renovables.
Las autoridades también otorgarán unos 15.000 millones de dólares locales (16.116 millones de dólares estadounidenses o 11.313 millones de euros) en reducciones tributarias y ayudas sociales adicionales para unos 4 millones de hogares afectados indirectamente por la medida. El impuesto excluye al sector agrícola y a los combustibles para uso personal o de los pequeños negocios, aunque afectará al diesel que utiliza el transporte pesado a partir de 2014.
Los vehículos eléctricos con baterías de litio no emiten CO2 ni dañan el medio ambiente, siempre que la electricidad provenga de energías renovables, como la eólica, la energía solar fotovoltaica y la termosolar. Los aerogeneradores podrán suministrar la electricidad al vehículo eléctrico, que en un futuro servirán también para almacenar y regular la electricidad intermitente del sector eólico.
