Libia, la comunidad internacional debe frenar al sanguinario Gadafi

El mundo está siendo testigo de masivas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos cometidas por el gobierno de Libia. La respuesta tardía de la comunidad internacional y de Naciones Unidas ha contribuido a la perpetuación estas violaciones, resultando así insuficiente. La comunidad internacional, a través de Naciones Unidas, debe mantener la presión para que se garanticen los derechos de la población libia y utilizar todos los medios para evitar que esta masacre continúe.

Las revoluciones populares en Oriente Próximo y los países Árabes son consecuencia de la persistencia de violaciones de derechos humanos en la zona. La respuesta violenta a tales manifestaciones sociales atenta contra legislaciones internaciones como la Declaración de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Lo que la población necesita es protección y que se garanticen sus derechos. Exige que se respete su dignidad humana.

La comunidad internacional debe mantener su compromiso con la "Responsabilidad de Proteger" y garantizar la protección de la población civil. Se tiene que garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de la población libia.

Los Estados miembro de Naciones Unidas deben reiterar su compromiso de respetar, proteger y cumplir la libertad de asociación de la población, la libertad de expresar libremente sus opiniones a través de manifestaciones no violentas, y proveer la garantía de protección de los defensores de los derechos humanos.

Por su parte, los Estados tienen la obligación de respetar el principio democrático recogido en el Artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humano que se establece que "la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente".

La protección de los civiles debe extenderse también a la población desplazada y refugiada en países vecinos. Según un informe reciente de ACNUR, esta cifra podría ascender a 140 mil personas desplazadas por la violencia. La protección de estas personas durante todo el proceso debe ser central, y también debe serlo la garantía de sus derechos humanos, tal como recoge la Convención de los Refugiados de 1951.

Pedimos que:

* Se garantice el respeto, la protección, y el cumplimiento de los derechos humanos, en particular, de los derechos civiles y políticos de la población libia, en espcial el de las personas desplazadas y refugiadas.
* Se agoten todas las vías diplomáticas y humanitarias posibles, garantizando un proceso pacífico para evitar que se produzca una nueva escalada de violencia.
* Se constituya una misión internacional de expertas/os independientes para recoger datos relevantes y documentar las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y dar seguimiento los posibles crímenes de guerra y/o de lesa humanidad.
* Se libere inmediatamente a las personas que han sido arbitrariamente detenidas durante las actuales protestas. No debería haber represalias en contra de las personas que han tomado parte en las manifestaciones.
* Se anteponga la dignidad humana de la población libia a los intereses económicos y políticos de occidente en la región.
* Se trate la situación Libia en la próxima sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos del 16 de marzo de 2011.
* Condenamos las restricciones que puedan minar el acceso a la información y violar la libertad de expresión, tales como el bloqueo de los servicios de internet y de las telecomunicaciones y los ataques al personal de los medios de comunicación.

http://ecodes.org/