José Luis García, responsable de la campaña de cambio climático y energía de Greenpeace España, dijo a IPS que tras años de avances, España retrocede en el impulso a las fuentes renovables.
Para el activista ambiental, el retroceso obedece a que las renovables "son sustitutivas de otras fuentes que están controladas por grandes empresas, cuyos responsables advirtieron de forma pública al gobierno su posición".
"Se puede entender que los empresarios hagan eso, pero lo que no es aceptable es que el gobierno les haga caso", criticó.
La Unión Europea aprobó en enero de 2010 un plan energético para luchar contra el cambio climático, cuyo costo es de tres euros semanales el promedio para cada ciudadano del bloque de27 países, según dijo al lanzar el proyecto el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durâo Barroso.
De acuerdo a ese plan, España había planificado una reducción de 40 por ciento de las energías no renovables antes de 2020 y su reemplazo por las ecológicas.
Pero el gobierno podrá reducir el objetivo hasta cinco puntos porcentuales, en una decisión presentada por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, como parte de un esfuerzo para ahorrar en la factura energética. La energía fotovoltaica, por ejemplo, vería reducidos sus subsidios hasta 45 por ciento.
Según García, sobre este apartado de las medidas de ahorro anunciadas por el gobierno y parte de ellas puestas en vigor este lunes 7, ha gravitado " la presión de empresas (eléctricas) como Iberdrola, Endesa y Gas Natural",
En conclusión, subrayó, "se puede decir que ahora se está actuando bien, pero que son muy malas las previsiones para el futuro".
España es altamente penalizada por el incremento y la volatilidad de los precios petroleros por la crisis en Libia, ya que 84 por ciento de su energía primaria no renovable es importada, la mayor parte crudo y gas.
Desde 2007, el Congreso legislativo ha rechazado tres propuestas de la coalición Izquierda Unida (IU) para limitar la dependencia española de los combustibles fósiles importados e impulsar el consumo de energías limpias.
En la elaboración de esos proyectos, IU contó con el apoyo de la central sindical Comisiones Obreras, Ecologistas en Acción, Greenpeace y la oficina en España del Fondo Mundial para la Vida Silvestre.
El paquete de ahorro energético, aprobado el viernes 4 por el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, pretende generar un ahorro anual de 3.000 millones de dólares, con medidas temporales y permanentes, gracias al recorte de las importaciones energéticas en el equivalente a 28,6 millones de barriles de petróleo.
España importa 75 por ciento de la energía que consume.
El paquete incluye la limitación de 120 a 110 kilómetros por hora como la velocidad máxima en las autopistas y autovías, que estará vigente al menos hasta el 30 de junio y que comenzó a operar este lunes 7. Además se subsidiará la renovación de neumáticos.
También contempla la rebaja de cinco por ciento de la importación anual de petróleo y una campaña de sensibilización e información para los ciudadanos a favor del ahorro en el consumo, además de subsidios para el uso de bombillos de luz de bajo consumo. Este tipo de iluminación se extenderá al alumbrado público de todo el país.
Red Eléctrica de España, la compañía que regula y administra el sistema eléctrico en todo el país, informó que en los dos primeros meses del año, 38 por ciento de la energía provino de fuentes no contaminantes, como eólica, hidráulica y fotovoltaica.
Ese porcentaje es dos puntos menos al mismo bimestre de 2010 y está por debajo del aporte de los hidrocarburos, que representaron 42 por ciento del total del consumo eléctrico.
El vicepresidente del gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo que el conjunto de medidas "aunque sean impopulares" se hicieron obligatorias porque "con el litro de gasolina más caro de la historia, hay que ahorrar, porque nos estamos jugando la recuperación económica".
Rubalcaba, del Partido Socialista Obrero Español, aseguró que "España es un país que durante mucho tiempo ha pensado que la energía es gratis, y no, es carísima".
Desde el derechista Partido Popular, el principal de oposición, el diputado Gustavo de Arístegui criticó las medidas de ahorro, en especial la impopular reducción de la velocidad.
Arístegui propuso, que lugar de reducirla, lo que debe hacerse es aplicar "un límite de velocidad adecuado a los coches y carreteras del siglo XXI, 140 o 150 e incluso 160 kilómetros por hora en ciertos tramos". Y, además, controlar "que se cumpla a rajatabla".
Adicionalmente, el gobierno estudia la idea de promover la fabricación y el uso de vehículos eléctricos, que permitiría aprovechar al máximo el gran parque de molinos os eólicos, que deben ser paralizados por etapas, ya que su producción sobrepasa el consumo de este tipo de energía que no puede almacenarse.
El impulso a las renovables también lo da, precisamente, la situación a la otra orilla del mar Mediterráneo. El presidente de la Fundación Renovables, Javier García Breva, señaló que las rebeliones populares en el norte de África y Oriente Medio tendrán consecuencias graves e impredecibles para la importación de petróleo y derivados.
Porque, añadió basándose en informes de la Agencia Internacional de la Energía y el Banco Central Europeo, la recuperación de la economía de la UE estará amenazada si los precios del petróleo escalan sobre su el rango actual, de 117 dólares el barril, o la situación de Libia produce un crisis larga de suministros del crudo.
Los vehículos eléctricos con baterías de litio no emiten CO2 ni dañan el medio ambiente, siempre que la electricidad provenga de energías renovables, como la eólica, la energía solar fotovoltaica y la termosolar. Los aerogeneradores podrán suministrar la electricidad al vehículo eléctrico, que en un futuro servirán también para almacenar y regular la electricidad intermitente del sector eólico.
Tito Drago, ipsnoticias.net/nota.asp
