No han bastado abundantes estudios técnicos, decenas de ordenamientos regulatorios, la operación de distintos programas públicos, el anuncio de una estrategia nacional en la materia, la realización de cumbres internacionales, subsidios foráneos por más de 50,000 millones de pesos (mdp) anuales, ni la creación doméstica de un fondo ex profeso de 250 millones de dólares (mdd) por cada ejercicio fiscal, para llevar las energías renovables en México más allá de una cuota testimonial de 3.3% de la capacidad eléctrica nacional instalada, o, incluso, para alcanzar como mínimo 4% de la generación.
Tal vez por ello las políticas públicas de la administración del presidente Felipe Calderón, orientadas al impulso de la implementación de energías ‘verdes’, han originado en el Congreso de la Unión, y entre inversionistas, suspicacias sobre la autenticidad del compromiso del gobierno federal con el medio ambiente, y reservas frente al lugar que ocupa la ‘transición energética’ en la convicción oficial.
Para ilustrar el carácter ‘cosmético’ de las políticas federales en el rubro, Jaime Álvarez Cisneros, presidente de la Comisión Especial de Energías Renovables de la Cámara de Diputados, alude a la torre eólica que las autoridades instalaron frente al aeropuerto de Cancún durante la celebración de la cumbre sobre cambio climático, celebrada en esa ciudad el año pasado: "¡Por Dios! ¿A quién quieren engañar?", se alarma. Pero sobre todo lamenta la "total ausencia de contundencia" de las acciones oficiales, la ineficaz dispersión en el ejercicio de los recursos, y la aparente irrelevancia que el sector oficial confiere a la transición energética. "Es un discurso", sintetiza.
Si al congresista le parece retórica la política oficial a favor de las energías ‘verdes’, a inversionistas nacionales e internacionales les resulta un desafío librar los laberintos jurídicos y regulatorios que complican el aterrizaje de inversiones en este rubro, a decir de José Luis Barquet, consultor en energías alternativas.
Aunque no les tilda de simulación ni de doblez, Barquet admite con serenidad que en las políticas calderonistas hay acciones desconcertantes. "No me parece congruente que mientras el presidente de la República ha hablado en los foros internacionales de combatir el cambio climático, la Secretaría de Energía (Sener) esté planteando la creación de carboeléctricas y nucleoléctricas".
Barquet se refiere al Programa de Obras e Inversiones (Poise) 2010-2024 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que contempla para ese periodo la posibilidad de satisfacer "la capacidad adicional de generación" con carboeléctricas hasta en 3,478 megawatts (MW), de los cuales 678 serán producidos en instalaciones que ya están "en construcción o licitación".
Según datos de la organización ambientalista Greenpeace, estas proyecciones implican el crecimiento de 50% en el uso de carbón —que constituye el mayor contaminante global de efecto invernadero— en la generación eléctrica actual, con lo que el uso de este combustible fósil pasaría de 17.9 a 27% de la generación total.
Y mientras los estrategas energéticos de la segunda administración federal panista atizan con carbón el corazón de la generación eléctrica nacional, los proveedores nacionales de tecnología e implementos de generación ‘verde’ encuentran una ‘sistémica’ dificultad para estimular la demanda y detonar un mercado gigantesco que, al parecer, los expertos oficiales todavía no advierten.
Apenas en noviembre de 2008 el congreso mexicano aprobó una Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (Laerte), la cual preveía la creación e implementación de un Programa Especial de Aprovechamiento de Energías Renovables (Programa Especial), el cual fue anunciado por el gobierno federal en agosto de 2009, y que presuponía el establecimiento de una Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (Estrategia), la cual fue emitida por la Sener en enero de 2011.
La Laerte (2008) también preveía la creación y actualización de un Inventario Nacional de Energías Renovables que sería referencial y facilitaría la comprensión del panorama de las tecnologías en el país, para la toma de decisiones de todos los involucrados. El Programa Especial (2009) también lo anunciaba. Y la Estrategia (2011) cita a las anteriores. Pero al parecer prevalece una disparidad de criterios y metodologías de las distintas instituciones del sector energético oficial que ofrecen información ambigua.
Por mencionar algunos ejemplos, el Programa Especial considera a la energía minihidráulica —en referencia a aquellas centrales con capacidad de 10 MW— como una de las energías renovables, incluyendo por tanto una estimación del potencial, las capacidades instaladas y de generación, así como sus metas y proyecciones de crecimiento sexenal. Pues la Estrategia, prevista en el Programa Especial, desconcertantemente se olvida de tal sutileza, e incluye, en un mismo rubro, toda la energía hidráulica. Lo mismo sucede con las compilaciones y proyecciones del Balance Nacional de Energía (BNE), de carácter anual, que engloba todas las mediciones en ‘hidroenergía’, impidiendo una visión específica del subsector minihidráulico.
El mismo Programa, que proporciona datos de la evolución de la energía solar en el país, no incluye proyecciones de crecimiento sexenal, como sí los integra en cuanto a las energías eólica, minihidráulica, geotérmica y de la biomasa.
A ello hay que sumar la cantidad de ordenamientos, normas oficiales, e instituciones que se han multiplicado. En la política de implementación de tecnologías limpias intervienen desde la Sener, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y la Secretaría de Economía (SE), pasando por órganos como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), un Consejo Nacional para el Fomento de las Energías Renovables, con participación privada y gubernamental, bajo la coordinación y supervisión de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (Conuee), un Centro Nacional de Coordinación de Energía, entre muchos otros.
Aunque de acuerdo con organigramas y ordenamientos, cada cual cumple con funciones específicas, para los inversionistas se traduce en confusión. "Hasta ahora las leyes han sido complicadas y esto dificulta todo. Por ejemplo, la Laerte; estamos hablando de que hay que hacer comisiones, que otras entidades tienen que regular y manejar, hay que esperar a que se formen esas comisiones, que las puedan interpretar. Hay cosas muy ambiguas, cuando en otros países la cosa es muy sencilla, se da un apoyo y se acabó, cualquiera lee la ley y se puede aplicar. Las leyes de Honduras, República Dominicana, Canadá, son muy fáciles de aplicar", dice José Luis Barquet, ejecutivo de Inelecsa, empresa dedicada a la proveeduría de soluciones en producción y ahorro de energía.
El propio presidente de la Comisión Especial de Energías Renovables de la Cámara de Diputados, Jaime Álvarez Cisneros, señala que la Laerte, el marco regulatorio general, no ha sido supletoria de otros ordenamientos y de más de 100 normas oficiales.
"Hay una gran maraña legal —dice el legislador— una tenebrosa maraña legislativa que pone todo cuesta arriba para inversionistas nacionales y extranjeros. Con lo primero que se topa el inversionista, sobre todo el internacional, es con este laberinto y después con procedimientos complejísimos de la relación institucional en México".
La estimación referencial realizada por la revista Energía 360, obtenida del análisis de datos del Balance Nacional de Energía 2009 de la Sener, del Balance Nacional de Energía 2009 de la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES), el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), y del reporte de proyectos de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee), se ha desarrollado sólo 12.3% de instalación del potencial factible —según acotaciones del Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables (Peaer)— de las vertientes cuantificables (eólica, minihidráulica, geotérmica, de la biomasa), pero éstas no alcanzan siquiera 3.5% de aportación a la canasta energética primaria del país.
A ellas hay que sumar la energía solar, cuyo potencial depende de factores técnicos. El potencial nacional para el desarrollo de cada una de ellas se establece a partir de acotaciones de orden técnico.
Así, la energía geotérmica es susceptible de explotación mediante sistemas de roca seca caliente, sistemas geopresurizados, sistemas marinos, sistemas magmáticos, sistemas hidrotermales, cada cual con potenciales de desarrollo diversos, que en muchos de los casos no está plenamente identificado.
Los sistemas hidrotermales son los únicos que se explotan en la actualidad para generación eléctrica, con un potencial estimado por la CFE de 1,395 MW, una capacidad instalada de 964.5 MW, según el diagnóstico del Programa Especial, consistente en cuatro centrales geotermoeléctricas con una capacidad de generación bruta de 7,055.840 MW y que, de acuerdo con el bne 2009 —el más reciente disponible—, produjo 155.53 petajoules (PJ, 30 millones de kilovatios/hora aproximadamente), es decir, el equivalente a 1.6% de la producción de energía primaria nacional.
Por otro lado, el potencial hidráulico nacional bruto fue calculado en 2005 por la Conuee (entonces Conae), en 53,000 MW, pero el de las centrales con capacidad menor a 10 MW, conocida como minihidráulica, es estimada en el diagnóstico del Programa Especial en 3,250 MW. La capacidad minihidráulica instalada alcanza 378.9 MW, 85.5 de los cuales corresponde a 22 centrales privadas y 293.4 a 42 centrales públicas de la CFE (11 de ellas pertenecieron a la extinta Luz y Fuerza del Centro).
La capacidad de generación de dicha instalación no se incluye en el diagnóstico referido, ni en el BNE 2009, el cual contabiliza el total de la generación hidroeléctrica con 95.20 PJ, sin desglosar la de origen minihidráulico. Se puede mencionar, para dar una idea de la proporción de ésta energía renovable en ese total, que el sen consigna una capacidad efectiva de energía hidroeléctrica de 11,343 MW (Poise 2010-2024), donde los 378.9 MW de capacidad minihidráulica representan 3.34%.
La energía de la biomasa o bionergía tiene un potencial total de 2,635 a 3,771 PJ. De los subprodutos y residuos que pueden aprovecharse para la generación en esta modalidad, el bagazo de caña puede llegar a 3 millones de megavatios/hora (MWh) anuales. Para una estimación más práctica, el Programa Especial se concentra en la factibilidad de desarrollo del potencial energético de 73 millones de toneladas (ton) de residuos agrícolas y forestales, que sumados a la transformación térmica de los residuos sólidos municipales de las 10 principales ciudades del país podría instalarse una capacidad de 803 MW y generar 4,507 MWh anuales.
El dato más concreto proviene del Balance Nacional de Energía interno de la ANES —que al parecer hace sus propias mediciones de la evolución de las energías renovables— para 2009: la capacidad instalada de motores a biogás es de 44,02 MW, de los cuales 30,72 están conectados a la red del SEN.
En cuanto a la energía eólica, el Programa identifica un potencial de 10.000 MW concentrado en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca; en la zona de La Rumurosa, en Baja California; y en zonas propicias de Zacatecas, Hidalgo, Veracruz, Sinaloa y la Península de Yucatán.
Según el inventario realizado por la Amdee, al cierre de 2010 había una capacidad instalada de 518.63 MW distribuidos en ocho proyectos en operación, cinco de ellos con naturaleza de autoabastecimiento, y tres en calidad de Obra Pública Financiada.
De acuerdo con el BNE 2009, hasta ese año la energía eólica instalada en el país tenía una capacidad de generación eléctrica de 0.91 PJ, sin llegar siquiera a un punto porcentual de aportación a la energía primaria.
Respecto a la energía solar, la radiación diaria promedio sobre el territorio nacional es de 5 kWh por metro cuadrado, lo que propicia un potencial de desarrollo hasta donde lo permita la imaginación, los recursos, la tecnología, y la voluntad política. En tanto se conjugan, la ANES reporta una capacidad fotovoltaica instalada de 25.5 MW, mientras que la instalación termosolar oscila entre los 9 y 10 MW, según estimaciones de ese sector industrial.
La información registrada por el BNE 2009, indica que la energía solar aporta 0.1% de la producción energética primaria, es decir, unos 6.75 PJ. El tamaño de su participación en la capacidad y generación eléctrica no se encuentra desglosado en las estimaciones del Programa, ni el sen los extrae de las mediciones de capacidad del rubro de autogeneración y autoabastecimiento remoto.
Es de destacar que ni el Programa ni la Estrategia, ni el Poise 2010-2024 establecen metas de crecimiento para la energía solar. En cambio, con respecto a las demás se prevén metas sexenales de crecimiento porcentual.
Por cierto que, en cuanto a la energía eólica, el Programa establece una meta de crecimiento específica de la capacidad instalada para este tipo de energía y la ubica en 593 MW, mientras que la Estrategia señala esa misma meta en 2.200 MW.
No han bastado abundantes estudios técnicos, decenas de ordenamientos regulatorios, la operación de distintos programas públicos, el anuncio de una estrategia nacional en la materia, la realización de cumbres internacionales, subsidios foráneos por más de 50,000 millones de pesos (mdp) anuales, ni la creación doméstica de un fondo ex profeso de 250 millones de dólares (mdd) por cada ejercicio fiscal, para llevar las energías renovables en México más allá de una cuota testimonial de 3.3% de la capacidad eléctrica nacional instalada, o, incluso, para alcanzar como mínimo 4% de la generación.
Tal vez por ello las políticas públicas de la administración del presidente Felipe Calderón, orientadas al impulso de la implementación de energías ‘verdes’, han originado en el Congreso de la Unión, y entre inversionistas, suspicacias sobre la autenticidad del compromiso del gobierno federal con el medio ambiente, y reservas frente al lugar que ocupa la ‘transición energética’ en la convicción oficial.
Para ilustrar el carácter ‘cosmético’ de las políticas federales en el rubro, Jaime Álvarez Cisneros, presidente de la Comisión Especial de Energías Renovables de la Cámara de Diputados, alude a la torre eólica que las autoridades instalaron frente al aeropuerto de Cancún durante la celebración de la cumbre sobre cambio climático, celebrada en esa ciudad el año pasado: "¡Por Dios! ¿A quién quieren engañar?", se alarma. Pero sobre todo lamenta la "total ausencia de contundencia" de las acciones oficiales, la ineficaz dispersión en el ejercicio de los recursos, y la aparente irrelevancia que el sector oficial confiere a la transición energética. "Es un discurso", sintetiza.
Si al congresista le parece retórica la política oficial a favor de las energías ‘verdes’, a inversionistas nacionales e internacionales les resulta un desafío librar los laberintos jurídicos y regulatorios que complican el aterrizaje de inversiones en este rubro, a decir de José Luis Barquet, consultor en energías alternativas.
Aunque no les tilda de simulación ni de doblez, Barquet admite con serenidad que en las políticas calderonistas hay acciones desconcertantes. "No me parece congruente que mientras el presidente de la República ha hablado en los foros internacionales de combatir el cambio climático, la Secretaría de Energía (Sener) esté planteando la creación de carboeléctricas y nucleoléctricas".
Barquet se refiere al Programa de Obras e Inversiones (Poise) 2010-2024 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que contempla para ese periodo la posibilidad de satisfacer "la capacidad adicional de generación" con carboeléctricas hasta en 3,478 megawatts (MW), de los cuales 678 serán producidos en instalaciones que ya están "en construcción o licitación".
Según datos de la organización ambientalista Greenpeace, estas proyecciones implican el crecimiento de 50% en el uso de carbón —que constituye el mayor contaminante global de efecto invernadero— en la generación eléctrica actual, con lo que el uso de este combustible fósil pasaría de 17.9 a 27% de la generación total.
Y mientras los estrategas energéticos de la segunda administración federal panista atizan con carbón el corazón de la generación eléctrica nacional, los proveedores nacionales de tecnología e implementos de generación ‘verde’ encuentran una ‘sistémica’ dificultad para estimular la demanda y detonar un mercado gigantesco que, al parecer, los expertos oficiales todavía no advierten.
Los vehículos eléctricos con baterías de litio no emiten CO2 ni dañan el medio ambiente, siempre que la electricidad provenga de energías renovables, como la eólica, la energía solar fotovoltaica y la termosolar. Los aerogeneradores podrán suministrar la electricidad al vehículo eléctrico, que en un futuro servirán también para almacenar y regular la electricidad intermitente del sector eólico.
