El Área de Conservación Regional Cordillera Escalera de San Martín alimenta las cuencas de los ríos Cumbaza, Caynarachi y Shanusi, de las que dependen más de 300.000 personas.
Al ver que el gobierno central autorizaba la explotación petrolera, autoridades y habitantes de San Martín presentaron una acción de amparo admitida en 2009 por el Tribunal Constitucional, empleando el argumento clave del plan maestro.
Ese plan, que había sido aprobado por el consejo regional de San Martín, incluía la zonificación de la tierra y las actividades económicas posibles, y establecía el área donde se quería extraer el petróleo como zona intangible, es decir intocable.
“Los planes maestros son muy importantes. Lo que se establece ahí se tiene que implementar en términos de gestión, zonificación y de validación con los actores involucrados”, explicó a Tierramérica Karina Pinasco quien es la representante de la organización no gubernamental Asociación Amazónicos por la Amazonía.
Perú tiene, según datos de fines de 2010, 71 áreas naturales protegidas administradas principalmente por el Estado: 57 con categoría definitiva y 14 transitorias (no obligadas por tanto a tener planes maestros hasta que se defina su situación).
De las áreas confirmadas, que sí deben contar con esa planificación, 20 no la tienen.
¿Por qué? “Elaborarlos toma tiempo porque implica ponerse de acuerdo con la población. No es lo mismo la costa que la Amazonía donde se deben considerar los usos y costumbres de los habitantes nativos”, señaló a Tierramérica Jeff Pradel quien es el director de Desarrollo Estratégico del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).
La oficina que dirige Pradel existe hace apenas dos años cuando se creó el Ministerio del Ambiente.
Para confeccionar un plan, se necesitan talleres informativos con la población local que debe validar el proceso.
“En las 20 áreas protegidas que aún no lo completan hay planes operativos anuales que sirven de guía para las acciones”, explicó Pradel. Además, el decreto supremo 003-2011 estableció que el expediente de creación y el de zonificación de las nuevas áreas constituyen un plan maestro preliminar.
En los objetivos de mediano plazo que traza el estatal Centro Nacional de Planeamiento Estratégico se propone llegar a 2021 con 80% de las áreas protegidas con planes maestros, una de las metas para el bicentenario de la independencia que se cumplirá ese año.
Pero hay otros problemas, como el costo de cada plan que oscila entre $5.000 y $20.000, la burocracia y una visión “pretenciosa” de esta herramienta, opina el especialista Pedro Solano, de la organización no gubernamental Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
“Se los ha sobredimensionado y se pretende que reúnan aspectos que muchas veces no se pueden cumplir, se alarga el proceso hasta tres años y terminamos quedándonos en la etapa de planificación y ejecutamos muy poco por falta de tiempo y recursos”, dijo Solano a Tierramérica.
Como requiere una actualización cada cinco años, la planificación debe ser más sencilla y vinculada a la realidad, indicó.
Mientras tanto, siguen creciendo en la selva peruana los proyectos de exploración y explotación minera y de hidrocarburos. Más de 70% del territorio amazónico está cubierto de concesiones petroleras.
El ordenamiento territorial, corazón del plan maestro, permitiría priorizar legalmente la protección de las zonas selváticas ricas en biodiversidad. Así, “una zona calificada como silvestre o de protección estricta determina que ahí no se podrá habilitar ninguna infraestructura”, ejemplificó Solano.
En su opinión, la mejor estrategia es conseguir que la población y las autoridades asuman las áreas naturales como patrimonio a gestionar para beneficio de todos.
“Deben ser sinónimo de educación ambiental, turismo, orgullo, no ser vistas sólo como un lugar de prohibición, sino de hacer cosas”, agregó.
Aunque el Sernanp está mejorando, le falta implementar modelos de gestión interesantes, como los proyectos de conservación privada y comunitaria impulsados por la sociedad civil.
En Perú hay 28 áreas de conservación privada, 10 han elaborado su plan maestro y siete se encuentran en proceso, según Pradel.
Si se reconoce el valor de estas áreas, estimó Solano, se puede neutralizar decisiones que priorizan actividades extractivas en ellas como sucedió con la Sierra del Divisor, una zona reservada en las regiones Ucayali y Loreto, en el noreste del país, que cumple una importante función de captura de agua y alberga, por ejemplo, más de 12 especies de monos.
Pese a que el Sernanp debía ser consultado antes de autorizar allí una actividad económica, el Ministerio de Energía y Minas expidió permisos de exploración petrolera, interpretando que la consulta debe hacerse sólo antes de la explotación. “Se suele sacar la vuelta a las normas”, concluyó Solano.
Los vehículos eléctricos con baterías de litio no emiten CO2 ni dañan el medio ambiente, siempre que la electricidad provenga de energías renovables, como la eólica, la energía solar fotovoltaica y la termosolar. Los aerogeneradores podrán suministrar la electricidad al vehículo eléctrico, que en un futuro servirán también para almacenar y regular la electricidad intermitente del sector eólico.
