Sesenta imputados por liberar gases que destruyen la capa de ozono al reciclar ilegalmente neveras

En el transcurso de la operación se ha podido constatar la liberación a la atmósfera de entre 70.000 y 99.000 kilos de gases CFC y HCFC, que son compuestos con un alto poder de efecto invernadero. Traducidas esas emisiones a toneladas de CO2, que es la unidad de medida que se usa como referencia habitual, equivaldrían a medio millón de toneladas de CO2. Para hacerse una idea de la dimensión, hay que tener en cuenta que las emisiones de todos los sectores industriales de España en todo un año son 400 millones de toneladas de CO2.

La investigación, desarrollada durante los últimos siete meses, se ha centrado en la comunidad autónoma de Madrid y en la provincia de Zaragoza, donde se encontraban los principales depósitos de diverso material de electrodomésticos, en los que se han intervenido hasta 1.300 frigoríficos fuera de uso que se pretendían fragmentar de manera incorrecta.

Las irregularidades comenzaban con la propia retirada de los frigoríficos que, en lugar de ser entregados en plantas autorizadas donde se extraen los gases de forma controlada, eran llevados a chatarrerías e industrias diversas, donde se despiezaban como si de cualquier otro residuo metálico se tratase.

Según ha informado hoy la Guardia Civil, a los implicados se les imputa la comisión de varios delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, estafa y apropiación indebida. La operación, denominada ‘Fragmento’, ha sido llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y dirigida por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo.

La investigación, desarrollada durante los últimos siete meses, se ha centrado en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Zaragoza, donde se encontraban los principales depósitos de material de electrodomésticos, en los que se han intervenido hasta 1.300 frigoríficos fuera de uso que se pretendían fragmentar de manera incorrecta.

En lugar de ser eliminados de acuerdo con la normativa medioambiental vigente, los frigoríficos eran destruidos en centros no autorizados para este tipo de gestión, mediante técnicas rudimentarias que permitían la liberación de gases que afectan gravemente a la capa de ozono. En el transcurso de la operación, la Guardia Civil ha podido constatar la liberación a la atmósfera de gases equivalentes a más de 500 millones de kilos de dióxido de carbono.
Un proceso nada legal

Las irregularidades comenzaban con la propia retirada de los frigoríficos que, en lugar de ser entregados en plantas autorizadas donde se extraen los gases de forma controlada, eran llevados a chatarrerías e industrias diversas. Posteriormente los materiales eran vendidos a fundidores y otras industrias que reciclan los distintos componentes.

Los vehículos eléctricos con baterías de litio no emiten CO2 ni dañan el medio ambiente, siempre que la electricidad provenga de energías renovables, como la eólica, la energía solar fotovoltaica y la termosolar. Los aerogeneradores podrán suministrar la electricidad al vehículo eléctrico, que en un futuro servirán también para almacenar y regular la electricidad intermitente del sector eólico.

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