La fortaleza de la matriz energética de Chile ha vuelto a ponerse en duda con el fenómeno de La Niña, caracterizado por temperaturas frías, que este año se ha manifestado con la mayor intensidad desde 1975 y ha traído una grave sequía.
La crítica situación de los embalses llevó al presidente, Sebastián Piñera, a anunciar este miércoles un decreto de racionamiento preventivo que faculta al Ejecutivo para adoptar medidas especiales para reducir en un 5% la demanda energética.
De esta forma, el Gobierno puede ordenar la reducción del voltaje de energía eléctrica entre un 5 y un 10%, y administrar mejor el agua embalsada a fin de utilizarla en julio y julio (meses del invierno austral), que son los de mayor demanda.
La última vez que se decretó un racionamiento preventivo fue en 2008, cuando el Gobierno de la entonces presidenta Michelle Bachelet dictó la resolución para afrontar la sequía y la falta de gas que Chile importa de Argentina.
En esa ocasión, gracias a las campañas de ahorro, la reducción del voltaje y las restricciones en edificios públicos se evitaron cortes de luz en los hogares.
Pero el peligro del racionamiento ha reaparecido tres años después en un país que en 2010 se convirtió en el segundo socio latinoamericano de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el llamado "club de los ricos", donde ya estaba México.
Para consolidar el progreso del país, reconocido por su estabilidad política y económica, Piñera ha insistido en que Chile debe crecer a un ritmo del 6% anual si quiere salir del subdesarrollo a fines de esta década.
Pero alcanzar esa meta requiere duplicar la capacidad energética de aquí a 2020: "Necesitamos duplicar nuestras fuentes de energía en los próximos diez años", ha advertido.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 2010 la generación eléctrica aumentó un 3% respecto al año anterior, en tanto que la economía se expandió un 5,2%, pese a las pérdidas ocasionadas por el terremoto de febrero.
El sistema descansa principalmente sobre la generación térmica (de carbón y petróleo), altamente contaminante, que en 2010 representó el 42,3% del total, seguida por la hidráulica (33,8%), la de ciclo combinado (gas natural, con un 23,5%) y la eólica, residual.
La necesidad de incrementar la producción eléctrica se topa también con las exigencias medioambientales, ya que según un reciente informe oficial de Estados Unidos, Chile es el país que más aumentó sus emisiones de dióxido de carbono entre 2008 y 2009 en todo el mundo.
Con más de 4.300 kilómetros de longitud, Chile es un territorio de peculiares condiciones. En el sur abundan los bosques, ríos y glaciares que constituyen un auténtico tesoro natural admirado por los turistas y defendido a ultranza por los ecologistas.
En cambio, el norte es desértico. Ahí los recursos hidráulicos son escasos y el sol, intenso.
Sin embargo, no hay paneles solares suficientes para alimentar a las centenares de empresas mineras que son el principal sustento económico del país.
Estas compañías se abastecen esencialmente de electricidad de centrales térmicas, pero la oposición de los ambientalistas y vecinos ha parado en 2010 la construcción de dos nuevas instalaciones de este tipo.
Piñera canceló en agosto el proyecto Barrancones de la empresa franco-belga GDF-Suez, que se iba a construir cerca de un santuario natural y en noviembre un tribunal paralizó la construcción de la planta Castilla, de la brasileña MPX, por considerarla "contaminante".
Muchos ciudadanos se oponen también al megaproyecto HidroAysén, impulsado por la española Endesa y la chilena Colbún, que incluye la construcción en el sur de cinco grandes represas, lo que supondría inundar vastas extensiones de la Patagonia chilena.
Los proyectos eólicos, solares y geotérmicos representan aún un ínfimo porcentaje del total. En los últimos años, Chile ha logrado superar la dependencia del gas argentino con dos centrales de gas natural licuado, la primera inaugurada en 2009 en Quinteros, en el centro, y la segunda operativa desde 2010 en Mejillones, a unos 1.450 kilómetros al norte de Santiago.
Los vehículos eléctricos con baterías de litio no emiten CO2 ni dañan el medio ambiente, siempre que la electricidad provenga de energías renovables, como la eólica, la energía solar fotovoltaica y la termosolar. Los aerogeneradores podrán suministrar la electricidad al vehículo eléctrico, que en un futuro servirán también para almacenar y regular la electricidad intermitente del sector eólico.
