El Congreso de los Diputados convalidó ayer el recorte de las primas que incentivan la generación de electricidad de origen solar fotovoltaico. La medida, que salió adelante con la abstención de CiU y PP, es vista como una “catástrofe” para buena parte de la incipiente industria de la energía limpia. Asociaciones de fabricantes, empresarios, CC.OO. y Unió de Pagesos salieron en tromba contra esta decisión, que puede ser la “puntilla” para una actividad que hasta hace poco era floreciente.
En los próximos tres años (2011-2013), la retribución del 90% de las instalaciones fotovoltaicas bajará un 30%, mientras que para el resto se impone un tijeretazo del 10% durante la vida útil de las plantas. El Gobierno culpa a las primas de encarecer la tarifa de la luz, aunque el sector de las fuentes renovables dice que el culpable es una errónea configuración de los precios, incluido el elevado sobrecosto que supone pagar a las plantas de gas aunque estén paradas, entre otro factores.
El sector fotovoltaico ha anunciado una lluvia de demandas de promotores que reclamarán responsabilidades al Gobierno, pues planificaron sus inversiones con unos ingresos y ahora se topan con una retribución menor. “Las empresas fotovoltaicas y los titulares de esas 50.000 instalaciones confiaron en el discurso prorrenovable del Gobierno y ahora se sienten estafados”, dice Javier Anta, presidente de Asif (fabricantes de placas).
Descrédito general
Javier Anta sostiene que el cambio de rumbo lo pagará la industria y la credibilidad del país, que “quedará a la altura de la suela de los zapatos”.
Los productores de energía renovables se quejan de que el Gobierno ha modificado la regulación legal sobre los incentivos que perciben estas fuentes de energía limpia y que eso genera una gran inseguridad en las inversiones. “Necesitamos una regulación acertada del Gobierno y que las nuevas regulaciones no se apliquen de manera retroactiva, porque si se cambian las condiciones de retribución, se dañan irremisiblemente las inversiones”, dice González Vélez. El presidente de APPA ha rechazado tajantemente los recortes de las primas pues esta retribución era la base que sirvió a muchos promotores para planificar sus nuevas inversiones. “Todos tenemos el derecho a saber las reglas de juego; lo que no puede ser es que, en mitad del partido, se cambie las normas de juego”, dice.
APPA estima que el Gobierno hará un recorte de unos 700 millones de euros en las primas para la fotovoltaica en los próximos tres años. “Pero lo más grave es el daño que se ha producido al sector fotovoltaico, pues este ha perdido, ante los bancos, la credibilidad y la fiabilidad que antes tenía”.
Cambio de reglas
“Lo más grave del daño producido es que el sector fotovoltaico pierde, ante los bancos, la credibilidad y la fiabilidad que tenía”, dice Jose María González Vélez, presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables-APPA.
Las normativas anteriores del Gobierno sobre fomento de las energías renovables prohibían que las nuevas regulaciones introdujeran recortes en las primas con carácter retroactivo, pero el real decreto que aprueba el Congreso ha buscado una vía que en la práctica consigue el mismo efecto: los productores sólo podrán tener incentivos para un máximo de 1.700 horas al año (mientras que el resto de la producción se pagará a precio de mercado).
Los productores de energía renovable sostienen que la limitación horaria de la retribución conduce al uso de equipos fotovoltaicos más ineficientes, pues “no se estimula que las instalaciones tengan más rendimiento”. “Si no se da un aliciente, la gente comprará equipos más baratos y menos eficientes. Lo que se hace es primar la ineficiencia”, añade.
Sector hundido
“El Gobierno está hundiendo un sector fotovoltaico cuando estaba en sus albores. Estaba ahora en plena fase de aprendizaje y su impulso estaba generando un nuevo desarrollo industrial, destinado a hacer competitivo este modo de producción de energía. El actual parque fotovoltaico español, de 3.700 MW, es irrelevante en el conjunto del sistema eléctrico. Y si valía la pena hacer un esfuerzo para desarrollarlo es para conocer su curva de aprendizaje. En el futuro, unos 2.500 millones de personas de todo el mundo pueden ser abastecidas con estas instalaciones fotovoltaicas en lugares aislados y con una energía plenamente autóctona. Las tecnología fotovoltaicas son las que mejor satisfacen estas necesidades”, dice González Vélez. “Lo que está haciendo el Gobierno es que como tener un hijo en cuarto de carrera y decirle que debe dejar de estudiar porque es muy caro. ¡¡Pero si la inversión ya se ha hecho!!”, agrega.
“El problema es que las energías son incómodas porque cuestionamos el poder actual de las grandes compañías energéticas eléctricas. Les arrebatamos una parte del pastel energética y no nos lo perdonan”.
Adiós al país de referencia
El resultado es que España está perdiendo su fama como país de referencia. La compañía British Petroleum ha debido cerrar su planta de Tres Cantos (en Madrid), en donde fabricaba placas fotovoltaicas para medio mundo. Y la empresa española Isofoton, con sede en Málaga, y que había tenido subvenciones de la Junta de Andalucía, ha pasado de ser “una empresa líder a convertirse en una compañía con dificultades” sumido en un ERE que afecta al 90% de su plantilla y que finalmente ha sido vendida a un grupo coreano.
Mientras tanto, en Alemania se instalaron 8.000 MW fotovoltaicos en el año 2010, “y no están locos”. En España, sólo 250 MW: 32 veces menos.
Chivo expiatorio
APPA afirma que el Gobierno ha convertido las fuentes renovables en el chivo expiatorio del déficit tarifario. Y sostiene que las primas son sólo un factor más de ese encarecimiento. En su opinión, es mucho más relevante la existencia de un parque sobredimensionado de plantas de gas natural que obtienen retribuciones y compensaciones incluso cuando están paradas (como garantía de suministro).
El crecimiento de este parque de plantas de gas ha sido “desmesurado”, dice. La potencia instalada de las centrales de gas de ciclo combinado era de 2.756 MW en el año 2002; creció hasta las 12.514 MW en el año 2005 y ha alcanzado los 25.000 MW en el 2010.
APPA rechaza las compensaciones económicas para estas plantas porque han sido instaladas como fruto de una estrategia empresarial y como resultado de una planificación, la demanda del Gobierno o interés general, mientras que las renovables sí tienen el paraguas legal de la directiva europea y los objetivos de la ley. En el año 2010, la tarifa eléctrica compensó la parada de las plantas de gas con 1.008 millones de euros por este concepto de garantía de suministro; y en el 2011 ingresarán 726 millones más, según la orden de tarifas en vigor para el año 2011, dice González Vélez.
Ayuda al gas injustificada
“Toda esta potencia no se ha instalado por decisión estratégica del Gobierno, sino por interés de las compañías de gas; y por lo tanto, la compensación económica que perciben no tiene sentido. El concepto de garantía de potencia tendría su lógica si fuera fruto de una exigencia del Gobierno, pero la construcción de estas plantas ha sido tomada libremente por las propias empresas; y por lo tanto, no tiene sentido que si no son necesarias se les pague como si lo fueran. La única obligación que tenía el Gobierno era que en el 2010 el 12% de la energía primara fuera de origen renovable, y no lo ha alcanzado”, dice González Vélez.
El gas es la energía que más electricidad aportó el año pasado (un 30,8%), pero su factor de carga (es decir, su rendimiento en función de las horas trabajadas) es muy bajo; sólo del 29%.
Beneficios extraordinarios
APPA estima que la verdadera causa de que se recorten las primas es la competencia que suponen las renovables para las demás fuente de energía.. “Al entrar las fuentes renovables, se desplaza el gas porque las energías renovables tienen prioridad”, dice.
“Y de nada sirve que diga que la energía nuclear es la más barata si luego se vende al precio de la más cara, que suele ser el gas de ciclo combinado”, dice Vélez. Todo eso se traduce en que la nuclear es la que mas gana, pero esa ganancia se la queda el generador nuclear, no llega al consumidor”, indica APPA.
APPA culpa del encarecimiento de la tarifa al peculiar sistema de fijación de precios del mercado eléctrico, en el que las empresas compran la luz como en una lonja. El sistema va ofertando la electricidad según la demanda (primero entra la nuclear y las renovables, luego la hidráulica y, finalmente, el gas) y al final todas las eléctricas perciben el precio más alto, que normalmente es el del gas, independientemente de los costes de generación. La consecuencia es que se favorece a la hidráulica, cuyo recurso tiene un coste cero (el agua de lluvia) o la nuclear, con inversiones ya amortizadas. Los estudios que maneja APPA dicen que las nucleares e hidroeléctricas han obtenido unos beneficios extraordinarios de casi 10.400 millones de euros en los tres últimos años (6.700 millones las nucleares y unos 3.700 las hidroeléctricas).
Fraude social
“El déficit tarifario es un engaño a la sociedad. Sin pedir permiso a los consumidores futuros, se les hará pagar lo que un consumidor (en un producto efímero como es el consumo eléctrico) actual no paga. Se utiliza la tarifa eléctrica como elemento de política económica a corto plazo. En 2.013 alcanzaremos un déficit de todo un año de facturación del sistema eléctrico. Si lo pagamos en los siguientes 15 años, esto va a suponer, que como mínimo, la electricidad deberá subir un 6,66% anual, más los costes de los combustibles y la inflación. Claro que los que toman decisiones a corto plazo, dejarán los problemas a los gobernantes del futuro, incumpliendo el primer deber de un gobernante que es proteger el interés general”, agrega González Vélez.
Abaratan el precio
Los productores de energía renovable sostienen que estas fuentes limpias están además ayudando a abaratar los precios de la energía. “Están sirviendo para fijar el precio del petróleo o del gas; hacen que no se consuma más petróleo; si no hubiera energías renovables, el precio del barril del petróleo aún sería mucho más caro”, añade.
“El sector fotovoltaico ha perdido 20.000 empleos en el año 2009”, quien reclama la misma atención que se presta al sector minero. “Lo que pasa es que nosotros llevamos corbata y no vamos cortando el tráfico ni llevamos dinamita”, dice González Vélez. “La marca España como sinónimo de energía renovable ha sido desguazada”, sentencia el presidente de APPA.
El ministro Sebastián
Durante su intervención en el Congreso para defender la convalidación del Real Decreto-ley 14/2010, Sebastián recordó que su aprobación permitirá ahorrar al sistema más de 4.600 millones de euros en tres años, atajando así el problema del déficit tarifario y evitando subidas de la luz como la de enero, que fue "excepcional e irrepetible".
Sobre los recortes para la fotovoltaica que incluye el paquete normativo, y que el sector ha criticado por poner en riesgo la viabilidad de los proyectos, Sebastián señaló que son "temporales, razonables, proporcionados y necesarios".
El resto de grupos que rechazaron el paquete normativo, Nafarroa Bai, UPN, UPyD, Coalición Canaria, BNG, ERC y ICV, criticaron con dureza los cambios en la retribución a estas fuentes renovables y pidieron que se tramitara como proyecto de ley.
Finalmente, la normativa se ha convalidado y se ha rechazado su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo que impide introducir enmiendas. Por su parte, el portavoz adjunto en economía del grupo del PP en el Congreso, Álvaro Nadal, argumentó que las medidas propuestas sólo trasladan el problema del déficit tarifario, en lugar de solucionarlo, y dijo que los recortes a las fotovoltaicas son "impuestos y arbitrarios".
"Menos mal que era el Gobierno más verde y social del Planeta, porque el palo a las renovables y a las medidas sociales es épico", ironizó Nadal.
"Nada más lejos que buscar el quebranto de los proyectos fotovoltaicos", defendió Sebastián, quién apuntó a la posibilidad de acuerdos, en los que trabaja con CiU y PNV, para facilitar eventuales problemas de financiación de estas instalaciones por la reducción en el número de horas con derecho a prima.
Los vehículos eléctricos con baterías de litio no emiten CO2 ni dañan el medio ambiente, siempre que la electricidad provenga de energías renovables, como la eólica, la energía solar fotovoltaica y la termosolar. Los aerogeneradores podrán suministrar la electricidad al vehículo eléctrico, que en un futuro servirán también para almacenar y regular la electricidad intermitente del sector eólico.
