Las posiciones pronucleares del ministro Sebastián ganan fuerza, y su influencia sobre Zapatero se acrecienta. El miércoles declaró que, “si los sindicatos piden que se alargue la vida útil de las centrales nucleares –que expiran a partir del 2021–, se tendrá que analizar”. Los sindicatos han desmentido esa propuesta. “No vamos a cambiar pensiones por neutrones”, replicaron Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo. Sebastián avala la idea de retrasar la edad de jubilación de las nucleares para que puedan operar más allá de la teórica vida útil de 40 años. Pero eso puede remover las aguas en el interior del PSOE, donde tradicionalmente han coexistido dos almas, una pro y otra antinuclear. El giro de Zapatero puede ser radiactivo en su partido.
“El programa electoral del PSOE dice que se debe tender hacia un cierre paulatino de las centrales nucleares; nunca se ha hablado, en absoluto, de la prolongación de la vida útil de las centrales, como apunta el ministro”, recuerda Javier García Breva, ex responsable de energía del PSOE.
García Breva dice que los términos en que se ha planteado el debate son esperpénticos. “Las centrales nucleares están ganando muchísimo dinero y lo están pagando los consumidores en el recibo de la luz. El Gobierno no puede castigar un día a las plantas fotovoltaicas reduciéndoles las primas, y luego hacer un regalo a las nucleares a cambio de nada”, agrega.
“La posición del PSOE sobre la sustitución paulatina de la energía nuclear por fuentes más limpias y seguras no ha cambiado. No obstante, en todo proceso de negociación debe hacer cesiones de una y otra parte. No debe haber apriorismos, ni el PSOE quiere imponerse”, dice el moderado Hugo Morán, secretario de Medio Ambiente del PSOE.
En este contexto, el ministro Sebastián intenta reforzar el papel de la energía nuclear, que supuso en el 2010 el 20% de la demanda eléctrica en España. Una decisión sobre el futuro de las centrales no es de máxima urgencia. La planta de Almaraz I (Cáceres) es la próxima que cumplirá 40 años, pero esto ocurrirá en el año 2021, fecha a partir de la cual debe estar aclarado el destino de las demás plantas. Diferentes sectores ven necesario dibujar el escenario del mix energético para el 2030 y por eso reclaman que se aclare el papel futuro de las nucleares (y las demás, incluidas las renovables). Incluso, la subcomisión del Congreso que analizó el modelo energético hasta el 2020 vio necesario abordar este asunto a mitad de esta década.
Las diferencias internas sobre el papel de energía nuclear ya se vieron en el año 2009, cuando el Gobierno adoptó la solución salomónica de alargar cuatro años más el funcionamiento de la nuclear de Garoña (Burgos), que cerrará en abril del 2013. Ese acuerdo supuso una posición intermedia entre los que avalaban la prórroga de diez años más (el Consejo de Seguridad Nuclear o la posición personal de Miguel Sebastián) y quienes defendían un cierre más inmediato para atacar el programa electoral del PSOE. “Parece como si el ministro de Industria todavía tratara de torcer la decisión del Gobierno de cerrar Garoña”, opina Carlos Bravo, de Greenpeace. Pero Sebastián ha dicho, en cambio, por activa y por pasiva, que, una vez aprobado en Consejo de Ministros, “el cierre de Garoña es firme”.
Otra pieza del tablero es Fabrizio Hernández, recién nombrado secretario de Estado de Energía. Hernández había sido el perito de Nera Consulting, la empresa que asesoró a Nuclenor, propietaria de Garoña, en el contencioso que esta presentó contra la decisión del Gobierno de cerrar la planta. Fabrizio Hernández es uno de los autores del dictamen pericial en el que se cuantifican los perjuicios por el lucro cesante derivado del cierre de Garoña, y por lo cual Nuclenor (Iberdrola y Endesa al 50%) pide una compensación de 950 millones de euros. Garoña aspiraba a seguir funcionando hasta el 2019. El resultado es que el abogado del Estado debe replicar ante la Audiencia Nacional –donde se libra el contencioso– los argumentos esgrimidos por el que hoy es el secretario de Estado de Energía.
Los vehículos eléctricos con baterías de litio no emiten CO2 ni dañan el medio ambiente, siempre que la electricidad provenga de energías renovables, como la eólica, la energía solar fotovoltaica y la termosolar. Los aerogeneradores podrán suministrar la electricidad al vehículo eléctrico, que en un futuro servirán también para almacenar y regular la electricidad intermitente del sector eólico.
Por Antonio Cerrillo, www.lavanguardia.es
