Castilla-La Mancha: otro impuesto a la energía eólica

Así lo ha expuesto la vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda de Castilla-La Mancha, María Luisa Araújo, en la rueda de prensa en la que ha dado a conocer las líneas básicas de un plan con el que el Gobierno quiere reducir el déficit público mediante el ahorro de 775 millones de euros y el ingreso de 200 millones de euros más.

Un plan "eficaz e imaginativo" que implicará el cierre de todos los edificios de la administración regional a las cinco de la tarde, la supresión definitiva del papel en la administración o la generalización de un plan contra el absentismo laboral que ya se ha probado en la Consejería de Educación.

Saldrán al mercado para venta o alquiler viviendas propiedad del Gobierno regional; se reducirán en 240 millones las subvenciones y ayudas (incluida la rebaja en un 20% la asignación la Radio Televisión Castilla La Mancha) y se suprimirán las ayudas previstas para financiar gasto corriente de los Ayuntamientos en el Fondo Regional de Cooperación Local (FORCOL), con un importe de 30 millones de euros.

La vicepresidenta ha expuesto que el 75% del ahorro previsto afecta al gasto corriente y el 25% por ciento restante se obtendrá mediante la "reprogramación" de inversiones previstas, que no se abandonan, pero sí se retrasan, como el Plan de Infraestructuras Deportivas que iba a terminar este año y aparca hasta 2013.

Araújo ha asegurado que las subvenciones que se suprimen o limitan por importe de 240 millones de euros no afectan directamente a los servicios esenciales.

Se generalizará la facturación electrónica en la administración, lo que supondrá un ahorro de 2 millones de euros, se contratará de forma centralizada y electrónica (5 millones) se centralizará la contratación del suministro eléctrico (3 millones) y se implantará de forma definitiva "la administración sin papel" (15 millones).

En total, un ahorro de 123 millones de euros en ese tipo de gasto, es decir, el 10 por ciento de lo presupuestado, un punto menos de lo que, según Araújo, se consiguió recortar en 2010. En cuanto a los ingresos, se instaurará de inmediato un canon medioambiental a las productoras de energía eólica "similar" al aplicado en Galicia y con en el que se quieren obtener 20 millones de euros.

También se aumentarán los tipos del impuesto existente desde el año 2000 que grava la producción de energía nuclear, el almacenamiento de residuos o la emisión de gases contaminantes y se estudiará la posibilidad de crear algún otro impuesto de fiscalidad medioambiental. Asimismo, Castilla-La Mancha seguirá el ejemplo de Extremadura y Andalucía y gravará de forma progresiva a los bancos por los depósitos que capten en la comunidad autónoma.

Los vehículos eléctricos con baterías de litio no emiten CO2 ni dañan el medio ambiente, siempre que la electricidad provenga de energías renovables, como la eólica, la energía solar fotovoltaica y la termosolar. Los aerogeneradores podrán suministrar la electricidad al vehículo eléctrico, que en un futuro servirán también para almacenar y regular la electricidad intermitente del sector eólico.

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