El ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha pedido comparecer ante la Comisión de Industria Turismo y Comercio del Congreso para explicar las últimas decisiones adoptadas por el Ejecutivo en materia energética. El pasado jueves, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-Ley con medidas urgentes para corregir el problema del déficit de tarifa eléctrica, que se genera porque los ingresos vía recibo de la luz no son suficientes para cubrir todos los costes que soporta el sistema.
Con el citado paquete normativo, unido al recorte de primas a las tecnologías termosolar, fotovoltaica y eólica, el Gobierno espera ahorrar más de 4.600 millones de euros al sistema eléctrico hasta 2013. Entre las medidas, destaca el recorte de horas con derecho a prima para las instalaciones fotovoltaicas, lo que equivaldrá a unos 740 millones de euros al año.
Además, a partir del próximo 1 de enero, las empresas generadoras de energía, tanto del régimen ordinario como del especial (energías renovables y cogeneración), deberán pagar un peaje de 0,5 euros por megavatio hora (MWh) por el uso de las redes eléctricas, lo que generará unos ingresos de 453 millones entre 2011 y 2013.
Por otra parte, el Gobierno ha elevado los límites de generación de déficit a 5.500 millones para 2010; a 3.000 millones para 2011; y a 1.500 millones en 2012, al tiempo que se mantiene el objetivo de que éste se deje de generar en 2013.
El Gobierno ha congelado la parte regulada de la tarifa (conocida como peajes), que financia costes como la distribución, el transporte y las primas a las energías renovables. Además, para contener la factura eléctrica en el futuro, ha aprobado un Real Decreto-Ley con una serie de medidas que ahorrarán más de 4.600 millones de euros al sistema eléctrico en los tres próximos años.
Los hogares acogidos al Bono Social, que actualmente ascienden a 3 millones de hogares (unos 8 millones de personas) no verán incrementada su tarifa eléctrica. El Gobierno dará a conocer las ventajas del Bono Social a todo el colectivo de potenciales beneficiarios, que asciende a unos 5 millones de hogares (unos 13 millones de personas), para que se acoja al mismo.
La Tarifa de Último Recurso (TUR) de electricidad se compone de dos conceptos que pesan aproximadamente la mitad cada uno: la parte de energía, que refleja la evolución del coste de la energía en el mercado libre, y la parte regulada que fija el Gobierno, los denominados peajes, con los que se retribuyen el uso de redes de distribución, el transporte en la red de alta tensión, las primas de las energías renovables y otros conceptos.
Con el fin de contener el incremento del recibo de la luz, el Gobierno, a través de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, ha decidido congelar la parte regulada de la TUR. De esta manera, a partir del próximo 1 de enero la Tarifa eléctrica de Último Recurso subirá de media el 9,8 por ciento para 17 millones de hogares, lo que representa un aumento de 3,2 euros mensuales para un hogar tipo medio, única y exclusivamente para reflejar el coste del término de energía.
Esta revisión es resultado de la subasta CESUR celebrada el pasado día 14 de diciembre, mediante la que se determina el coste de la energía en función de su evolución en el mercado. El coste de la energía se ha visto afectado por la evolución al alza del coste de los combustibles fósiles utilizados para generar electricidad y por el efecto estacional de los meses de invierno, en los que el consumo de los hogares se dispara en las horas del día en las que el precio de la electricidad es más caro.
Esta subida está en línea con el resto de países europeos que están aplicando incrementos al alza en los precios en los últimos meses sobre todos los conceptos existentes.
Los vehículos eléctricos con baterías de litio no emiten CO2 ni dañan el medio ambiente, siempre que la electricidad provenga de energías renovables, como la eólica, la energía solar fotovoltaica y la termosolar o solar termoeléctrica. Los aerogeneradores podrán suministrar la electricidad al vehículo eléctrico, que en un futuro servirán también para almacenar y regular la electricidad intermitente del sector eólico.
