Navarro ha recordado que, a diferencia del anterior decreto, el actual no establece una convocatoria específica, sino que el proceso para solicitar estas instalaciones está permanentemente abierto, como ocurre con otras energías renovables, por lo que los datos evolucionarán con el tiempo.
El consejero ha explicado que existen 45 grupos o emplazamientos diferentes para las 248 solicitudes presentadas, por lo que, tras un primer análisis de los técnicos, se ha llegado a la conclusión de que como máximo sólo se podrían autorizar 3.523 megavatios, por espacio físico, ya que no se pueden dar distintas autorizaciones para un mismo emplazamiento.
Ha aclarado, además, que eso no significa, "ni muchísimo menos", que se vaya a autorizar todo esa potencia y ha considerado que "ya sería razonable" que esta se limitara a un 20 por ciento de esos 3.523 megavatios, es decir unos 700 u 800 megavatios.
En ese sentido, ha explicado que sólo se autorizarán los que sean medioambiental y urbanísticamente viables, lo que responderá, ha insistido, a una decisión no política, sino técnica con respecto a si cumple estrictamente o no la normativa.
Navarro ha especificado que el decreto actualmente en vigor contempla que una vez se hayan presentado una o varias solicitudes sobre un emplazamiento, la Junta deberá publicar en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) un anuncio para que cualquier otro interesado sepa que ya se ha solicitado y cuente con un plazo concreto para presentar nuevas solicitudes en ese espacio.
Por ello, ha anunciado que mañana está previsto que se publiquen en el DOE 42 anuncios correspondientes a otros tantos emplazamientos solicitados, ya que en los otros tres espacios restantes sus promotores aún no han presentado la documentación necesaria para formalizar este trámite.
El decreto establece un plazo de un mes para que se presenten nuevas solicitudes a estos 42 emplazamientos, plazo que terminará el próximo 22 de enero.
Posteriormente, se abrirá un nuevo plazo, en este caso de seis meses, para que la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente tome la decisión sobre a qué parques se les puede dar la autorización previa.
Para ello, según el consejero, se valorará "su viabilidad como positiva desde todos los puntos de vista analizados" y se elegirán, en caso de coincidencia en el mismo espacio, los proyectos ganadores de la competencia en aplicación de los criterios que establece el decreto.
Entre ellos se encuentran los socioeconómicos, que establecen la creación de tres puestos de trabajo por cada megavatio instalado o convenir con los ayuntamientos la aportación, durante al menos 25 años, de un mínimo del ocho por ciento de la facturación del parque. A partir del 22 de julio de 2011, esos proyectos, "ya sin competir con nadie", tendrán que desarrollar todo el proceso ordinario de cualquier instalación energética, de autorización administrativa o de evaluación de impacto ambiental para obtener la autorización definitiva.
José Luis Navarro ha confiado en que en los primeros meses de 2011 pueda ser una realidad la nueva regulación del Ministerio de Industria que fije la retribución de los parques eólicos que entren en funcionamiento a partir del 2013, por lo que afectará tanto a los 26 parques eólicos ya autorizados por la Junta de Extremadura, con una potencia total de 560 megavatios, como a los finalmente se autoricen de las nuevas solicitudes.
El consejero ha precisado que aunque las 248 solicitudes presentadas corresponden a espacios distribuidos por toda la geografía extremeña, la mayor concentración se da especialmente en el sur de la provincia de Badajoz, seguidas de otras comarcas como La Siberia, Las Villuercas, Los Ibores o el norte de la provincia cacereña.
Los vehículos eléctricos con baterías de litio no emiten CO2 ni dañan el medio ambiente, siempre que la electricidad provenga de energías renovables, como la eólica, la energía solar fotovoltaica y la termosolar o solar termoeléctrica. Los aerogeneradores podrán suministrar la electricidad al vehículo eléctrico, que en un futuro servirán también para almacenar y regular la electricidad intermitente del sector eólico.