En el caso de la zona del Alt Empordà, por ejemplo, esta alianza empresarial ofreció 5.000 euros por MW instalado para los propietarios, un 3% de la facturación a los ayuntamientos afectados y un 0,5% de facturación para los municipios limítrofes. En cambio, Iberdrola, que no obtuvo ningún megavatio, ofertó de 3.500 a 4.000 euros por MW y 4.000 euros por MW a los ayuntamientos, pero “no ofreció nada a los ayuntamientos vecinos”.
Maure defendió “el rigor, la transparencia y la objetividad” en la adjudicación de las siete zonas de desarrollo eólico, justificó el asesoramiento externo de empresas que ayudaron a la Administración en el proceso de selección y tachó de “excusas de mal pagador” las críticas de Iberdrola contra el proceso de adjudicación (ver La Vanguardia del pasado martes).
Maure explicó que se hizo una adjudicación por zonas, y no por parques eólicos, “para optimizar la evacuación eléctrica” y reducir sus impactos ambientales, entre otras razones. “Además, muchas ofertas incluían inversiones condicionadas; y una mayor masa crítica hace más atractiva la oferta. También se hizo para evitar los agravios que pudiera sufrir los ayuntamientos, que tendrían compensaciones diferentes en cada parque; y, además, hay proyectos de parques que se solapan. Aún así, ningún parque considerado como el mejor en su zona ha sido excluido”.
Respetar la confidencialidad
Maure justificó que en el plazo de alegaciones las empresas participantes no pudieran conocer todo el expediente. “El criterio fue considerar que no se podía ver aquella documentación confidencial o estratégica para las empresas”. El director general rechaza la acusación de Iberdrola en el sentido de que las alegaciones tuvieron respuestas “rutinarias y estandarizadas”. “Se dieron respuestas detalladas y pormenorizadas”, insiste.
Maure explicó que los argumentos recogidos en las alegaciones fueron considerados, hasta el punto de que como consecuencia de ellos se volvió a hacer un recuento de las puntuaciones obtenidas. “Entre la primera y la segunda puntuación se dieron diferencias, aunque éstas no fueron suficientes para hacer cambiar la adjudicación provisional”.
Una alianza especial
Maure contestó también otras quejas de Iberdrola, que acusó a la Administración de no tener en cuenta las inversiones millonarias complementarias ofrecidas por la compañía. "No hemos tenido, en cuenta, efectivamente, las ofertas que nos han hecho algunas compañías de electrificación, gasificación u otras mejoras cuando estas inversiones formaban parte ya parte de proyectos anteriores, o correspondían a compromisos de inversión contraídos con anterioridad".
Para Maure no es extraño que Gas Natural ganara buena parte del concurso eólico, pese a que esta empresa no se ha significado hasta ahora por su interés en fomentar las energías renovables. “Yo creo que aquí se ha dado una alianza entre unas empresa con recursos, Gas Natural Fenosa, y una empresa como Alston, que antes era Ecotècnica, con un gran conocimiento y experiencia en materia eólica”.
Los proyectos de las siete zonas de desarrollo eólico prioritario comportarán una inversión de más de 1.200 millones y generará también más de 1.200 empleos, cifra en la que sólo se consideran las inversiones directamente vinculadas a las actuaciones complementarias productivas. Es decir, en esta suma, no está la ocupación ligada a la construcción y explotación de los parques eólicos, las actividades de formación, las infraestructuras básicas y las actuaciones de I+D+i.
Conciencia tranquila
"Las críticas que hemos recibido han sido injustas, no tienen base. Me parece bien que las empresas recurran si quieren, pero nuestra conciencia está tranquila porque hemos actuado de forma legal y transparente, como no podía ser de otra forma", dice Maure, que califica de “ejemplar” el proceso de selección.
“Cada uno de los concursos para cada zona ha tenido un acta; ha habido una práctica unanimidad y eso que el 70% de la representación comarcal la formaban ediles de CiU”, dice Maure. “Sólo en un caso, no hubo unanimidad, y fue en el zona de desarrollo prioritario V, y fue por razones concretas y particulares del alcalde de Vandellòs”, explicó.
Los vehículos eléctricos con baterías de litio no emiten CO2 ni dañan el medio ambiente, siempre que la electricidad provenga de energías renovables, como la eólica, la energía solar fotovoltaica y la termosolar o solar termoeléctrica. Los aerogeneradores podrán suministrar la electricidad al vehículo eléctrico, que en un futuro servirán también para almacenar y regular la electricidad intermitente del sector eólico.
Por Antonio Cerrillo, www.lavanguardia.es
