Esta nueva normativa, que fue pactada con ambos sectores el pasado mes de julio, supondrá un ahorro que asciende a 1.100 millones hasta 2013, informó el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Además, la nueva norma supone el refuerzo de la visibilidad y estabilidad de la regulación de estas tecnologías a futuro, garantizándose las primas y tarifas actuales del Real Decreto 661/2007 a partir de 2013 para las instalaciones en operación y para las incluidas en el pre-registro.
Para las instalaciones de tecnología eólica acogidas en el Real Decreto 661/2007, y aquellas de potencia superior a 50 megavatios (MW) vinculadas a las de régimen especial, esta normativa supone que las primas se reducen en un 35% desde la entrada en vigor de la norma hasta el 31 de diciembre de 2012.
Desde el 1 de enero de 2013, estas instalaciones recuperarán los valores de las primas, ya que les serán de aplicación las primas fijadas en la orden por la que se revisan las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial.
En lo que respecta a las instalaciones de tecnología termosolar o solar termoeléctrica, se estipula la obligatoriedad de funcionamiento en la opción de tarifa regulada durante su primer año de funcionamiento (es decir, se las excluye de la opción de someterse al régimen de prima).
Asimismo, se ha acordado el retraso en la entrada en operación de las plantas termosolares con respecto a la fecha prevista en la ordenación de los proyectos presentados al pre-registro del Real Decreto-ley 6/2009, lo que provocará un ahorro para el sistema por diferimiento de coste.
En concreto, este ahorro se estima en la reducción de horas, ya que tanto para la producción de energía eólica como para la termosolar se limitan las horas equivalentes de funcionamiento con derecho a prima o prima equivalente de las instalaciones, teniendo en cuenta las especificidades de las diferentes tecnologías y lo previsto en el Plan de Energías Renovables 2005-2010 para el cálculo de las rentabilidades de las instalaciones.
Esta disposición no compromete la rentabilidad de las instalaciones existentes y se concibe como una medida racionalizadora del futuro desarrollo de estas tecnologías y también contribuirá a generar ahorros para el sistema eléctrico. Con la aplicación de un límite a las horas con derecho a primas se garantizará que la producción renovable por encima de lo esperada revierte en beneficio de los consumidores.
Además, dadas las características singulares del Sistema Eléctrico Canario, se ha considerado oportuno establecer un objetivo de potencia de 600 MW para esta comunidad autónoma. El régimen económico aplicable será el de tarifa regulada.
Puesto que la energía eólica desplazará a otras energías convencionales que en Canarias, por su situación, tienen un mayor coste, el ahorro global estimado en los PGE, que financian este capítulo, es de 31,2 millones de euros a corto plazo (ascendiendo a 89,6 millones de euros al finalizar).
Esta normativa se une a la nueva regulación fotovoltaica aprobada por el Gobierno el pasado mes de noviembre, que suponía recortes de primas que van del 5% para instalaciones de techo pequeño al 45% para instalaciones de suelo, pasando por un 25% para instalaciones de techo medianas.
Los vehículos eléctricos con baterías de litio no emiten CO2 ni dañan el medio ambiente, siempre que la electricidad provenga de energías renovables, como la eólica, la energía solar fotovoltaica y la termosolar o solar termoeléctrica. Los aerogeneradores podrán suministrar la electricidad al vehículo eléctrico, que en un futuro servirán también para almacenar y regular la electricidad intermitente del sector eólico.
