El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha desestimado el recurso contencioso administrativo presentado por la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) en el que se solicitaba la suspensión cautelar de la adjudicación del concurso público para la instalación de parques eólicos en Cantabria.
La sentencia emitida por el juez Losada Armada considera que la asignación del concurso eólico no supone ningún perjuicio al medio ambiente. Según señala el juez, en la demanda presentada por la asociación ecologista "no hay acreditado mínimamente ni esbozado" tales daños medioambientales, que "ni se definen, ni se concretan en qué consisten, ni se ponen de manifiesto".
"Dichos daños y perjuicios irreparables de índole medioambiental se encuentran huérfanos de toda concreción", asevera el auto. Otro de los argumentos que esgrimía ARCA es que el Plan de Energía Renovables de España 2005-2010 y el Plan Energético de Cantabria 2006-2011 planifican una potencia máxima de energía eólica para la región de 300 MW al final de dichos periodos, mientras que en la adjudicación del concurso se prevé una potencia eólica de 1.400 MW.
En este sentido, el auto considera que estas pretensiones pueden ser modificadas por el interés general y que, por tanto, dicha alegación se encuentra "ayuna por completo" de fundamentación jurídica y fáctica que la sustente. De este modo, la sentencia apunta que la Sala carece de los "elementos de convicción suficientes", lo que, en su opinión, manifiestan la "fragilidad" de la pretensión de suspensión.
El juez estima que los perjuicios de esta suspensión se irrogarían a las empresas pre-adjudicatarias, que en las próximas horas recibirán la confirmación definitiva de su adjudicación.
Igualmente, Losada Armada considera que para tomar la decisión de suspender el concurso eólico debiera prevalecer la defensa del interés público y, en este caso, existe la necesidad real de aumentar la potencia eléctrica de Cantabria, que, según señala el auto, se considera deficitaria "por ambas partes" (ARCA y Consejería de Industria).
El auto concluye: "Visto que existe un interés general real en el desarrollo de tal energía renovable por la necesidad real de aumentar la potencia eléctrica de Cantabria, con beneficio para todos los ciudadanos, sin que haya acreditado ni concretado… el también interés general de protección del medio ambiente, no cabe sino denegar la medida cautelar".
Losada Armada deja de manifiesto que "ni tan siquiera ha sido invocado ni un solo vicio de nulidad" en el recurso presentado el pasado 9 de marzo por la asociación ecologista.
Respecto a los supuestos incumplimientos del Plenercán, la magistrada asegura que no es el momento procesal para pronunciarse, aunque avanza que la vigencia de dicho plan termina en 2011, y sus previsiones pueden ser modificadas en el futuro.
Las empresas adjudicatarias fueron: Nuevas Energías de Occidente (EDP Renovables); Cantabria Generación (Grupo Caixa Nova y Banco Gallego); Engasa, Jealsa Rianxeira y Biobas; Biocantaber (Iberdrola Renovables y Ocyener); Sniace, Banco Santander y Helium; E.ON Renovables; y Actium, ASCAN y Cleanenergy Cantabria. Cada una cuenta con una zona de las siete establecidas. Estas empresas presentaron 16 proyectos industriales y 19 de I+D+i,y se estima que invertirán en la región cerca de 2.000 millones
Los vehículos eléctricos con baterías de litio no emiten CO2 ni dañan el medio ambiente, siempre que la electricidad provenga de energías renovables, como la eólica, la energía solar fotovoltaica y la termosolar o solar termoeléctrica. Los aerogeneradores podrán suministrar la electricidad al vehículo eléctrico, que en un futuro servirán también para almacenar y regular la electricidad intermitente del sector eólico.
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