A las energías renovables se señala como culpables de la principal enfermedad del sistema eléctrico, el déficit tarifario. Da igual que esta lacra, el déficit, surgiera hace más de una década cuando las primas de las renovables eran insignificantes, da igual que apenas hace cinco años se generaban 3.741 millones de euros de déficit en un ejercicio en el que el conjunto de las renovables no percibían más de 1.200 millones de euros.
Ahora se dice que por culpa de las renovables habrá que aumentar un 20% el recibo de la luz. La realidad es que habrá que incrementar este recibo porque hace 14 años el señor Rato hizo de la contención del precio de la electricidad el ariete de la lucha contra la inflación y desde entonces ni los Gobiernos de Aznar, ni los de Zapatero, han querido o se han atrevido a rectificar esta política.
En esta ofensiva escasea el rigor y sobra la demagogia. Se atribuye a las renovables el conjunto de las primas del régimen especial y se hace deliberadamente desde empresas, instituciones y medios de comunicación que tienen suficiente conocimiento como para saber que el régimen especial incluye la cogeneración y la incineración de residuos, tecnologías que nada tienen de renovables.
El segundo paso es lanzar el importe de las primas sin mencionar lo que han aportado a cambio en términos energéticos, medioambientales, estratégicos o socioeconómicos. No se puede calificar la oportunidad de un coste, lo caro o barato que resulta algo, sin valorar lo que se ofrece a cambio. Los estudios macroeconómicos que se han realizado sobre el impacto de las renovables demuestran contundentemente que las primas son una excelente inversión para nuestra sociedad.
También se obvian, por supuesto, las cifras de lo que supondría para la economía del país la ausencia de estas tecnologías renovables en nuestro mix, en términos de importación de combustibles fósiles, en emisiones de gases de efecto invernadero como el CO2, en el uso de tecnologías foráneas, en la menor creación de empleo y en un largo etcétera de desventajas de las tecnologías convencionales. La alternativa sería siempre mucho más cara.
Esta batalla tiene un objetivo muy claro: hacer hueco en nuestro sistema eléctrico a las centrales térmicas de gas, los llamados ciclos combinados que -sin existir un mandato del regulador- han crecido desproporcionadamente a las necesidades, no sólo actuales, sino a la de cualquier escenario previsible anterior a la crisis.
Insisto, nadie les ha obligado a construirlas. Los estrategas de las grandes compañías deberían haber considerado que no iba a ser eterno el incremento del consumo eléctrico entre el 4% y el 7% de años pasados.
Es cierto que el viento no sopla siempre y son necesarias otras tecnologías de respaldo. Sí, pero ni en la cantidad ni con el coste que se manejan interesadamente desde el lobby gasista. Será lógico añadir al debe de las renovables, especialmente de la eólica, el coste de la tecnología de respaldo al valorar sus pros y sus contras, pero sólo en la medida en que es necesaria en el mix eléctrico de cada momento.
Ese coste no debe ser en ningún caso el pago de errores estratégicos. Con la excusa del déficit y con el objetivo de reconocer esa garantía de potencia se va a proceder a un importante recorte de las primas. Quitar de un lado para pagar en otro. Reducir los incentivos a las tecnologías renovables, limpias y autóctonas, para que salga rentable quemar gas.
No se engañen, el déficit es una coartada, y no tiene sentido que un Gobierno al que se le ha llenado la boca de discursos a favor de la sostenibilidad y de un nuevo modelo productivo se vuelva ahora contra las renovables. Es un despropósito que quien tiene que velar por los intereses comunes se deje arrastrar por unos intereses privados.
Y, por último, es un error histórico que este Gobierno renuncie a permanecer en la vanguardia del cambio de modelo energético con la apuesta por las renovables, considerada en todo el mundo un referente de éxito.
