Así lo explicó en el transcurso de una comparecencia parlamentaria en la que también avanzó que el Gobierno gallego reclamará al Gobierno central 300 megavatios nuevos para repotenciación en el marco del reparto estatal. Para ello y con el fin de combatir la "paralización" del Ministerio de Industria, prepara un decreto que, según destacó Guerra, está ahora en el Consello Consultivo.
En su intervención, el responsable de Economía volvió a cargar contra el registro de preasignaciones estatal, cerrado en junio de 2009, que "invade" las competencias de las comunidades, y denunció que "sólo 137 megavatios gallegos" están dentro de este registro por culpa "de que el bipartito no estuvo a lo que hay que estar".
Frente a ello, defendió la orden del nuevo concurso eólico, publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) a finales del pasado mes de marzo, frente a las duras críticas de la oposición, y se reafirmó en la asignación de los 2.325 megavatios pendientes va a generar una inversión asociada de 5.500 millones –3.500 vinculados con la construcción de los parques, según avanzó el conselleiro en el Consello de la Xunta– y crear unos 6.500 puestos de trabajo.
Asimismo, Guerra resaltó las "profundas diferencias" que esta orden presenta con respecto al concurso proyectado por la anterior Xunta. "Respeta la Red Natura y garantiza la solvencia de las solicitudes y la objetividad en la selección de los anteproyectos eólicos con un procedimiento legal y transparente", resumió el conselleiro.
Lejos de aplaudir la explicación del conselleiro, que expuso en la Cámara los detalles de la orden eólica ya presentada en el Consello de la Xunta, los grupos de la oposición –PSdeG y BNG– la criticaron duramente, convencidos de que "beneficia" a las empresas "de fuera".
"Buscan nuevas formas para ver cómo pueden exprimir los recursos los recursos del país y hacer que luego se vayan fuera", reprobó el diputado del BNG Fernando Blanco, quien apuntó que el PP "es experto" en este tipo de actuaciones y en "paralizar", al tiempo que "borra" el modelo que impulsó el bipartito. "Son ustedes como Fernando VII cuando derogó las Cortes de Cádiz", ejemplificó.
En la línea se posicionó el parlamentario socialista Abel Losada, quien cuestionó la "autoridad moral" del conselleiro de Economía para defender "los intereses" de Galicia cuando "sus empresas desarrollan su actividad económica fuera del país" y subrayó que la orden supone la "crónica de una operación anunciada" que deja la puerta abierta a la "discrecionalidad".
"Pone en peligro la imparcialidad del proceso, el cambio del nuevo PP es que pasan de beneficiar a los cuñados a las grandes empresas", ironizó Losada y se preguntó quien puede presentar los planes "de especial trascendencia" –excepción a los 350 megavatios a los que pueden acceder como máximo las empresas como norma general– en el concurso.
"¿Será Endesa o Iberdrola?", se preguntó e ironizó al señalar que las áreas de desarrollo eólico así como los "elevados avales" lo que hacen es "restringir" la entrada a las empresas más pequeñas de la comunidad. "Parece que a ustedes les gusta el libre mercado excepto cuando perjudica a sus amigos", ironizó.
Con este punto coincidió Blanco, quien alertó, además, de que la posible "monetarización" de los planes industriales "no se le ocurrió" a la Xunta. "No es nuevo, se le ocurrió a las empresas; ya plantearon al anterior Gobierno que querían pagar y no corresponsabilizarse del desarrollo económico del país, pero ganamos esa batalla", subrayó.
En el polo opuesto, Javier Guerra tachó de "falsos y ridículos" los argumentos de la oposición, negó la "discrecionalidad" y avisó de que la "historia de Galicia" en el ámbito eléctrico la valoran "los electores" que, recordó, devolvieron al PP a la Xunta para "arreglar el desastre" que, a su juicio, provocó el bipartito en el sector eólico.
En este punto, avisó de que "no entrará al trapo de las faltas de respeto" y se reafirmó en la defensa del nuevo concurso eólico, "impecable" desde el punto de vista técnico, así como el nuevo marco legislativo para regular el sector y aportarle "seguridad jurídica". También negó "la paralización" del sector, alegando que el bipartito adjudico 73 megavatios por año frente "a los 220 que lleva autorizados" la actual Xunta.
"Obras son amores: cero recursos, o cero solicitudes de indemnización, 23 millones en caja por el canon y el 99 por ciento recaudado", resumió el conselleiro, antes de erigirse en defensor de los "intereses" de Galicia. De hecho, aseguró "no tener amigos" y manifestó su "extrañeza" porque los grupos de la oposición "sepan lo que opinan las eléctricas".
"Pues usted no hablaría con las empresas, pero el presidente de le pegó un abrazo a Sánchez Galán que aquello parecía ‘Lo que el tiempo se llevó’", replicó Abel Losada en referencia al abrazo de Alberto Núñez Feijóo y el presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, en la toma de posesión de éste.
Al tiempo, sobre la recaudación del canon, el parlamentario socialista apuntó que los fondos irán "al bolsillo del comisario político" de la Xunta –en alusión al conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda–, que, auguró, "podrá comprar algunas voluntades" en los ayuntamientos.
"La orden es un paso atrás en un modelo que, por primera vez, ponía la energía en manos de los gallegos, y las suspensión del anterior decreto, una absoluta ilegalidad", agregó Fernando Blanco en su última intervención.
Por su parte, el diputado ‘popular’ Pedro Arias acusó a los portavoces de la oposición de criticar una orden "que no se ha leído", y en la que, según explicó el conselleiro, figura la composición de la mesa de valoración del concurso, con "tres miembros de Industria, uno del Igape y uno de Medio Ambiente". Además, avanzó que el presidente será el director del Instituto Enerxético de Galicia (Inega), Eliseo Diéguez.
Estas acusaciones provocaron el malestar en las filas del PSdeG y Losada matizó, al final del debate, que en la orden figura que el nombramiento del presidente de la mesa será decisión del conselleiro (quien había avanzado que el puesto sería para el director del Inega). Por su parte, éste volvió a leer el apartado de la orden en la que se detalla la composición de la mesa, a excepción de su presidente.
Por último, la segunda intervención de Pedro Arias –en castellano– provocó una vez más que los diputados nacionalistas mostrasen una pancarta con el texto de una iniciativa aprobada en la Cámara en la que se insta a los cargos públicos a utilizar el gallego.
"Definitivamente, la izquierda no es lo que era", ironizó Arias, al respecto, y lamentó que se haya pasado "al ataque y a la pancartilla parlamentaria". "Pero no tenemos miedo ni a las manifestaciones preventivas ni a este esperpento de protesta", retó.
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