Esta potencia estará distribuida en diez zonas de la comunidad, que abarcan las áreas de desarrollo eólico recogidas en el Plan Sectorial Eólico de Galicia.
Cada solicitante podrá aspirar a un máximo de 350 megavatios, salvo los proyectos eólicos que tengan asociado un plan industrial de especial trascendencia para el desarrollo socioeconómico de Galicia, una cuestión que será determinada por la comisión de valoración de las propuestas. Los interesados dispondrán de tres meses contados a partir del 19 de abril para remitir sus solicitudes, según el modelo colgado en la web de la Consellería, al Instituto Enerxético de Galicia (Inega).
Cada solicitante sólo podrá presentar una única petición para cada una de las zonas. Esta solicitud podrá recoger varios parques correspondientes a las distintas áreas de desarrollo eólico, aunque sólo se podrá proponer un polígono por cada una de esas zonas.
Entre los requisitos establecidos por la Xunta, figura el que los interesados justifiquen que poseen fondos propios que cubran al menos el 25% de la inversión. Ésta no podrá ser inferior al valor resultante de multiplicar el número de megavatios de los parques por un millón de euros. No será necesario acreditar un valor de fondos propios superior a los 50 millones de euros, independientemente de la potencia eólica demandada.
Cada promotor ha de presentar con la documentación acreditativa de su capacidad financiera un justificante de haber depositado una garantía provisional equivalente a 20.000 euros por cada megavatio de potencia eólica solicitada con un límite máximo de 7 millones a favor de la Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas mediante un aval solidario.
Los parques eólicos sólo podrán estar situados en las áreas de desarrollo eólico incluidas en la orden publicada este miércoles en el DOG y quedarán excluídos de la implantación de polígonos de estas características los espacios naturales declarados como zonas de especial protección de los valores naturales para formar parte de la Red Natura 2000.
Una comisión de valoración se encargará de examinar las solicitudes y de evaluarlas. Estará integrada por tres vocales de Industria, uno del Igape, otro de Medio Ambiente y uno de Urbanismo. Su presidente será nombrado por el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra.
Una vez concluya el plazo de presentación de solicitudes habrá diez días para remitir la documentación pendiente y se realizará una comprobación de las capacidades –legal, técnica o económica– de los solicitantes. Después de evaluar las solicitudes, emitirá la propuesta de resolución. Si tras cuatro meses contados desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes no se ha dictado una resolución éstas podrán considerarse desestimadas.
El PSdeG cuestiona la transparencia de la ley eólica
El portavoz de Economía del PSdeG, Abel Losada, ha cuestionado la "transparencia" de la orden de asignación de 2.325 Mw de potencia eólica, que publica este miércoles el Diario Oficial de Galicia (DOG), y ha asegurado que "pone en serio peligro la imparcialidad" del concurso.
En un comunicado, el PPdeS ha llamado la atención sobre el artículo en el que se limita la potencia máxima a 350 Mw por empresa, salvo cuando los proyectos presentados por las compañías se caractericen por un plan industrial de especial "trascendencia". Losada ha considerado que este apartado constituye una "trampa" con la que el Gobierno autonómico abre la puerta a los "privilegios" para las "grandes" empresas energéticas "amigas" del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
El portavoz socialista ha reclamado al Ejecutivo gallego que el concurso de asignación de megavatios se rija por criterios de "objetividad, transparencia y no discriminación" para evitar volver a "los tiempos de falta de transparencia y al reino de favoritismo".
Losada también ha denunciado que la normativa introduce una cláusula para "los amigos" y se ha referido al apartado por el que se garantiza que el 13 por ciento de los criterios de valoración sea "discrecional", lo que permite, en su opinión, que la Administración autonómica pueda decidir "unilateralmente" la concesión de la potencia.
www.conselleriaiei.org/ga/web/notic.php