Para AEE se trata de “un nuevo mecanismo dentro de los mercados de servicios de ajuste del sistema, que altera el programa diario base de funcionamiento del mercado mediante la programación de unidades térmicas que utilicen fuentes de combustión de energía primaria autóctonas y la retirada de ofertas casadas en el mercado diario, en base a lo que denomina restricción por garantía de suministro”.
Asimismo como cuestión previa se señala que “si la propuesta persigue garantizar el suministro, ha de tenerse presente que sustituir unas centrales gestionables por otras centrales igualmente gestionables, sea cual sea el combustible o tecnología que utilicen no aumenta en modo alguno la seguridad del suministro en el sistema” y se añade que “en realidad con esta propuesta se persigue compensar la falta de competitividad del carbón nacional en las actuales condiciones de mercado, pues asegura su funcionamiento de modo preferente a otras unidades generadoras de similares características que habrían de formar parte del programa diario base de funcionamiento y a las que desplazan”.
A este respecto AEE afirma que “resultaría más racional, si lo que se pretende es garantizar el suministro, considerar el carbón nacional como una reserva energética de carácter estratégico que será utilizada cuando el nivel de demanda así lo requiera”.
Contradicción medioambiental
Otro punto importante que recogen las observaciones de AEE es que “la propuesta de RD resulta contradictoria con la orientación general de la política energética y medioambiental, en lo que concierne al fomento de utilización de energías renovables y a limitar las emisiones de CO2.
Igualmente, el texto resulta incongruente desde el punto de vista de la liberalización y el aumento de competencia perseguido por el regulador en los mercados eléctricos desde la trasposición de la legislación europea a la española”.
El plan de funcionamiento propuesto para las centrales de carbón autóctono supone promover la emisión de hasta 27 millones de TM de C02 anuales a la atmósfera, provenientes de un parque de generación que inevitablemente va a desplazar la entrada en funcionamiento de tecnologías menos contaminantes.
Otro aspecto destacado por el sector eólico es que esta propuesta supone un aumento de los costes del sistema eléctrico. “El hecho de que la retribución acordada –se dice- para la energía vendida por las unidades de generación incluidas en el anexo 2 sea superior a los valores de precio medio del mercado, y el pago adicional de los derechos de cobro de la unidades cuyo programa se vea reducido en el proceso a modo de compensación (lucro cesante), implica un incremento de los costes del sistema que se trasladarán necesariamente a los consumidores”.
Por todo ello y teniendo en cuenta que la entrada en funcionamiento de las centrales indicadas va a representar una alteración del programa base de funcionamiento y de la solución de las restricciones técnicas, AEE reclama que “quede garantizado efectivamente el acceso prioritario de las energías renovables, de forma que la producción eólica de los aerogeneradores no pueda quedar limitada o condicionada en su funcionamiento debido a la preferencia en el funcionamiento de dichas centrales de combustión de carbón autóctono que introduce la propuesta”.
Por último, AEE señala que la propuesta de funcionamiento de las centrales de carbón autóctono representa una intervención directa sobre el mercado eléctrico con efectos claramente negativos sobre su funcionamiento en libre competencia pues no garantiza un procedimiento competitivo de formación de precios de la electricidad.
“Este proceso –concluyen las observaciones de AEE- implica una excepción substancial al mercado marginalista, en el que una parte relevante de la oferta se sustrae artificialmente del mercado bajo determinadas condiciones de funcionamiento reguladas y a precio administrativo. Cualquier intervención que modifique las condiciones de funcionamiento del mercado introduce ineficiencias que suponen un coste para los usuarios”.
