Greenpeace ha presentado sus alegaciones ante el Consejo Consultivo de Electricidad de la Comisión Nacional de Energía, la cual tiene que emitir un informe preceptivo antes de que el Decreto se pueda aprobar.
"El carbón es el mayor responsable del cambio climático, y no se puede pretender defender el clima y subvencionar el carbón al mismo tiempo" -ha declarado José Luis García Ortega, responsable de la campaña de Cambio Climático y Energía de Greenpeace. "Esta propuesta de decreto es ilógica, antiecológica, antisocial y antieconómica".
Greenpeace basa su rechazo a la propuesta en los siguientes argumentos:
– El decreto se basa en supuestos falsos. Se justifica bajo el paraguas de resolver restricciones de garantía de suministro que son artificiales, es decir, no existen. Son restricciones que surgen de la nada para justificar una medida política de forzar la quema de carbón que no es competitivo. En ningún momento el sistema ha sufrido restricciones por falta de suministro sino que el sistema se encuentra en una situación de sobre capacidad, y realmente sobran centrales.
-Se emitirán 25 millones de toneladas de CO2 como resultado del volumen de producción máximo programable en las 9 centrales térmicas contempladas. Mientras los gobiernos se van a reunir la semana próxima en Barcelona para ultimar la negociación que permita establecer en la cumbre climática de Copenhague un sistema mundial de reducción de emisiones que consiga evitar un cambio climático catastrófico, el Gobierno español decide intervenir a favor del carbón, la fuente de energía que más CO2 produce.
"Es absolutamente inaceptable que un país que triplica, aun con la bajada de demanda por la crisis económica, los límites de emisiones de gases de efecto invernadero del Protocolo de Kioto, tome una medida que supone incrementar las emisiones de manera arbitraria e innecesaria", ha añadido el portavoz de Greenpeace.
-Perjudica a las energías renovables. La entrada forzada de kilovatios procedentes de las térmicas de carbón nacional, caracterizadas por la rigidez de su funcionamiento, hará menos flexible el sistema eléctrico en su conjunto, con lo que serán más probables las situaciones en que no sea posible aprovechar la totalidad de la producción de las centrales de generación renovable. El decreto crea de facto un nuevo "régimen especial" del carbón, similar al existente para las renovables, con la radical diferencia de que éste se justifica por necesidades ambientales, porque es necesaria energía autóctona que no emite CO2, justo lo contrario que ocurre con el carbón.
"No tiene ningún sentido crear un régimen de apoyo para las energías que no emiten CO2 y otro para las que sí lo emiten, porque es gastarse el dinero en lo uno y en lo contrario", ha concluido José Luis García, responsable de la campaña de Cambio Climático y Energía de Greenpeace.
– No defiende el empleo. En lugar de proteger a los 89.000 empleos del sector renovable, amenazados por las crecientes restricciones que impone el Gobierno, Greenpeace considera que el decreto no logrará evitar la desaparición de los 8.000 empleos de la minería del carbón por su falta de competitividad. Como muestra el informe de Greenpeace Trabajando por el clima, por cada empleo que se pierda en el carbón, la [R]evolución Energética crea tres nuevos empleos en energías renovables.
– Supondrá un sobrecoste de más del 60% sobre los precios actuales del mercado eléctrico. El coste total sería de 1.550 millones anuales en el periodo 2010-2012, 4.650 millones en total, que aumentarán el déficit de tarifa y pagarán los consumidores.
-Es contrario a los fundamentos mismos del mercado eléctrico. Se inventa un nuevo régimen especial para el carbón nacional, al que, de hecho, saca del mercado, con el efecto de reducir el tamaño del mercado eléctrico, hacerlo más artificial, y volver al sistema anterior en que los precios se fijaban administrativamente.
– Vulnera la legalidad europea. Greenpeace pide a la Comisión Nacional de Energía que examine con detalle la legalidad del decreto propuesto, ante el riesgo de que sea incompatible con las normativas europeas que impiden las ayudas públicas al carbón, que limitan la operación de las centrales de carbón por motivos ambientales y que obligan a eliminar barreras para el crecimiento de las renovables.
– Es un parche ante lo inevitable: el declive del carbón. Por mucho que el decreto fuerce la quema de carbón nacional durante los próximos tres años, no evitará que éste siga sin ser competitivo cuando llegue 2013.
Greenpeace considera que el problema de fondo es que en el sistema no cabe todo. España tiene ahora una sobrecapacidad de generación de electricidad, es decir, muchas más centrales de las necesarias. Según la organización las grandes eléctricas están señalando claramente a quién quieren quitar de en medio: las energías renovables. "No podemos admitir que el Gobierno siga el juego a esos intereses, limitando las renovables mientras subvenciona el carbón", ha añadido el portavoz de Greenpeace.
