El Congreso de los Diputados ratificará previsiblemente la próxima semana la derogación del prerregistro, diseñado por Industria como medida transitoria antes del lanzamiento de la nueva regulación, en la que Industria trabaja en la actualidad.
En sus pocos meses de vida, el prerregistro sólo resolvió favorablemente 36 solicitudes del régimen especial: 767 megavatios (MW) de eólica, 50 MW de solar termoeléctrica, 34 MW de biogás y 1 MW de cogeneración.
Las derogaciones del artículo 4 y de dos disposiciones transitorias del 6/2009, así como las modificaciones de dos artículos del 661/2007, ponen fin al mecanismo que la Secretaría de Estado de la Energía había diseñado para enlazar dos regulaciones de energías renovables y para evitar que, como ocurrió con la fotovoltaica, se desatase una carrera especulativa por llegar a tiempo a las anteriores primas.
Como origen de la derogación, incluida en la Ley de regulación de las Socimi (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión al Mercado Inmobiliario), está una moción presentada por CiU y apoyada por el PSOE en el Senado que aspira a mantener las anteriores competencias de las comunidades autónomas en materia de registro de renovables. El nuevo prerregistro estaba siendo gestionado por el Ministerio de Industria.
Una vez suprimido el prerregistro e incorporadas las modificaciones, se vuelve al reglamento anterior, en el que los parques eólicos deben lograr el punto de conexión de REE, entrar en el registro autonómico y, por último y como mero trámite, inscribirse en el registro del régimen especial de Industria.
En cuanto se supere el 85% de la potencia contemplada en el 661/2009, de 20.155 MW en el caso de la eólica, el Gobierno tiene tres meses para publicar la nueva regulación. Entretanto, según las modificaciones del Senado, las instalaciones que superen el umbral cobrarán un precio de mercado y luego, con la nueva norma, recibirán una liquidación revisada con la nueva prima.
En agosto, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ya calculó que se había alcanzado el 84% del objetivo para eólica. En cuanto el regulador certifique que se ha superado el 85%, Industria tendrá tres meses para publicar la norma.
El Ministerio de Industria restó importancia a la supresión del sistema de registro previo para acceder a primas para las energías renovables y dejó claro que no supone modificar el marco normativo para el desarrollo de estas energías.
Pero varias empresas del sector termosolar están estudiando presentar demandas patrimoniales contra el Estado por la reciente derogación del registro de preasignación de potencia de energía renovable por parte del Senado, que podría ratificar el próximo jueves el Congreso de los Diputados.
En una rueda de prensa, el presidente de la Asociación Española para la Promoción de la Industria Solar Termoeléctrica (Protermosolar), Valeriano Ruiz, aseguró que el dinero comprometido en inversiones por las empresas del sector podría rondar los 10.000 millones de euros. Además, calculó que en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia "más de 100.000 empleos directos están en juego".
Valeriano Ruiz explicó que las empresas termosolares mantuvieron ayer una reunión con el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, de la que salieron con la sensación de haber sido "engañados". "Nos dijeron que la Secretaría de Estado no había tenido nada que ver (en la derogación), que ha sido CiU, en una reivindicación sin sentido por competencias autonómicas, pero queremos tener pruebas", afirmó.
Al margen del motivo de la derogación, Valeriano Ruiz dijo que la decisión del Senado es "demencial" y un "disparate" que "tira a la basura de golpe y porrazo todo el esfuerzo de cinco meses" de prerregistro. "El Gobierno tiene que decidir si nos apoya o no" y "el discurso sobre las energías renovables del presidente (José Luis Rodríguez Zapatero) no se corresponde con la actuación del Ministerio de Industria", sostuvo Valeriano Ruiz, antes de vaticinar que "si la ley se aprueba, la termosolar está muerta".
En la actualidad, hay 1.500 megatavios (MW) termosolares en construcción, de los cuales unos 1.350 MW ya no podrán formar parte de los 500 MW que recibirán la prima del anterior real decreto, el 661/2007. Además, unos 4.000 MW han solicitado su inscripción en el registro de preasignación ya derogado, que iba a servir de enlace entre las dos regulaciones, y unos 2.000 MW cumplen, a juicio de Protermosolar, los criterios para entrar en este cupo transitorio.
La asociación empresarial considera que los cambios legales aprobados por el Senado generan una "tremenda inseguridad jurídica", al recuperar, con modificaciones y "tapado", el actual decreto en vigor, el 661/2007.
En la situación actual, afirmó el presidente de Protermosolar, "los bancos han dejado de financiar y las empresas ya no pueden aguantar", ya que deben responder a exigencias de devolución de préstamos relacionadas con cláusulas en las que se condicionan los contratos a las primas del régimen anterior. La junta general de Protermosolar representa a más de 80 empresas del sector renovable.
Aunque la fotovoltaica no está afectada directamente, la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) avanzó que si los sistemas de registro y los cupos no son aplicables para el resto de las energías renovables, porque invaden las competencias autonómicas, tampoco deberían ser utilizados en la fotovoltaica. El registro funciona para repartir trimestralmente los 500 megavatios (MW) máximos de potencia fotovoltaica.
