Ambas partes reclaman grandes indemnizaciones: la empresa filandesa TVO exige a Areva mil millones y Areva reclama al grupo finés 2.400 millones. La causa son los retrasos en la construcción de la central nuclear y el encarecimiento del proyecto, cuyos costes se han duplicado, dejando al descubierto la falacia sobre los costes de la energía nuclear.
La construcción de la central nuclear de Finlandia tenía previsto iniciar su explotación comercial a mediados de este año. Sin embargo, la finalización se demorará, como poco, hasta 2012, con los consiguientes costes financieros. ¿Quién pagará el enorme incremento sobre el coste previsto?
Como consecuencia de estos retrasos el presupuesto inicial, que era de 3.000 millones, llegará a los 5.3000 millones y es probable que supere los 6.000 millones de euros. Ambas partes se acusan de los retrasos, pero si algo queda claro es que esta central nuclear es una ruina.
La presidenta de Areva, Anne Lauvergeon acusa a su cliente de haber provocado los retrasos, y ha amenazado con suspender la construcción y no ir más allá de la obra civil.
Análisis independientes elevan el coste del MWh nuclear a una horquilla que va de 80 a 120 euros por MWh, cifra sólo superada por la fotovoltaica (unos 350 euros por MWh en el sur de España) y la solar termoeléctrica (de 180 a 220 euros por MWh), pero muy superior a la generación de electricidad en centrales de ciclo combinado de gas natural (unos 50 euros por MWh), en centrales termoeléctricas de carbón sin captación y almacenamiento de CO2 (unos 45 euros por MWh, sin incluir el precio del CO2 emitido, que encarece mucho el coste), en centrales hidráulicas (de 25 a 60 euros por MWh), en parques eólicos terrestres (de 35 a 60 euros por MWh, según el recurso), e incluso en parques eólicos marítimos (de 50 a 70 euros por MWh, según el recurso) y centrales de biomasa (de 60 a 80 euros por MWh).
La energía nuclear no resiste la prueba del mercado, y buena demostración es el hecho de que la construcción de nuevas centrales nucleares, a pesar de la propaganda, está estancada desde hace 30 años, salvo en Finlandia, donde los retrasos y los sobrecostes superan lo inimaginable y con una empresa pública de contabilidad opaca en el caso de Francia, en algunas dictaduras como China e Irán, o países interesados en aumentar sus arsenales nucleares (India, entre otros).
La central nuclear de 1.600 megavatios de Olkiluoto en Finlandia, que aún no se ha terminado, ya sobrepasa los 5.400 millones de euros de inversión, muy superior al previsto, el mismo coste de 4.000 megavatios de energía eólica. Los costes de las centrales nucleares siempre son muy superiores a los presupuestados inicialmente, al igual que el tiempo de construcción, que raramente baja de los 10 años.
Las razones que se esgrimen para defender la energía nuclear no son muy diferentes a las de hace 30 años: reducen la dependencia del petróleo y el gas natural, no emiten dióxido de carbono, permiten cubrir las necesidades crecientes de electricidad, garantizan el suministro a diferencia de las renovables poco gestionables e intermitentes, son seguras, también baratas y se obvia el problema hoy irresoluble de los residuos radiactivos, la gravedad de cualquier accidente (como demostró Chernóbil) y la proliferación nuclear, puesta de manifiesto por Irán y sus intentos de hacerse con armas nucleares para defenderse de Estados Unidos e Israel, o las más de 30.000 cabezas nucleares que siguen existiendo.
La central nuclear de Vandellós en la provincia de Tarragona, donde el 19 de octubre de 1989 se produjo un accidente en un reactor de tipo grafito-gas, fue la primera central nuclear que se cerró en España, el 30 de abril de 2006 se le unió Zorita, y Garoña pronto seguirá sus pasos. El gobierno del PSOE prevé abandonar la energía nuclear en los próximos 20 o 30 años, aunque algunos sectores presionan para relanzarla.
Es probable que el cenit de la producción mundial del petróleo y gas natural llegue en 20 o 30 años, y que ello empuje los precios al alza, pero hay tiempo más que suficiente para realizar la transición ordenada hacia un modelo energético más eficiente, menos intensivo en energía y en el que las energías renovables vayan sustituyendo paulatinamente a los combustibles fósiles, sin necesidad de recurrir a la energía nuclear, la fuente más peligrosa y la que nos dejará una herencia de residuos radiactivos y armas nucleares.
En cualquier caso, las reservas de gas natural, el más limpio entre los combustibles fósiles, son superiores a las del petróleo y nos dan tiempo más que suficiente para realizar una transición que conjure tanto la amenaza del cambio climático como la que supone la vía nuclear.
Pero los avances reales de las energías renovables, a pesar de los escasos presupuestos dedicados a ellas y la falta de voluntad política, son ignorados y despreciados por el sector pronuclear, representado por la derecha política y económica que controla gran parte de los medios de comunicación. Cualquier ocasión es buena para que vuelvan a la carga con renovados bríos, mientras ignoran los intentos de Irán por acceder a la bomba atómica, el acuerdo nuclear entre Estados Unidos e India firmado por George W. Bush, las terribles consecuencias del accidente de Chernóbil, o cualquier otra noticia contraria a sus intereses, como el auge de la eólica, la solar fotovoltaica o la solar termoeléctrica.
George W. Bush estuvo ocho años promoviendo en Estados Unidos la energía nuclear, sin ningún éxito, y terminó su segundo periodo presidencial sin haber iniciado ninguna. En toda la Unión Europea, sólo Finlandia está construyendo una nueva central nuclear, con la ayuda del estado, ocultando los costes reales y sin someterla a las leyes del mercado, pues a fin de cuentas se trata de una subvención encubierta a su industria papelera, que es una gran consumidora de electricidad. Y habrá que ver si alguna vez la finalizan y a qué coste.
En 1990, en lo que hoy es la Unión Europea de 25 países, había 164 centrales nucleares, mientras que ahora hay 147; en todo el mundo, en los últimos doce años, se han clausurado 33 centrales y se han inaugurado sólo 54, menos de dos reactores al año.
Se requiere un Análisis del Ciclo de Vida, desde la cuna a la tumba, que incluye todo el proceso, desde la minería del uranio, su enriquecimiento, las propias centrales nucleares, el reprocesamiento del combustible, su desmantelamiento y la gestión de los residuos, que seguirán siendo radiactivos y peligrosos dentro de 250.000 años, y ese análisis lo ignoran todos los promotores que falsean conscientemente los datos sobre costes que ofrecen, que no resisten ningún análisis serio, quedándose en lo que son: mera propaganda.
La industria nuclear sólo puede vivir a base de subvenciones públicas, directas o indirectas, como en Francia y en la práctica totalidad de los países, y donde más posibilidades tienen de prosperar es allá donde hay dictaduras y una ausencia total de democracia y transparencia, como en China.
La energía nuclear, que iba a ser tan barata que no necesitaría contadores, se ha demostrado que es la forma más cara de producir electricidad cuando se considera el ciclo completo. También era la más segura, y Chernóbil demostró que es la más peligrosa. Los usos pacíficos y la proliferación nuclear van de la mano, y hoy, gracias a la energía nuclear el mundo es más peligroso que nunca, con nuevas potencias nucleares, como Israel, India, Pakistán y Corea del Norte, y en un futuro próximo Irán. ¿Y qué pasaría en caso de un atentado terrorista contra una central nuclear?
La inversión real de una central nuclear es de 5.000 a 6.000 euros por kW de capacidad de generación (más del doble de la cifra considerada en los análisis de las instituciones pronucleares), mientras que en las centrales de ciclo combinado de gas natural es de 550 euros por kW y de 1.250 euros el kW eólico, que no requiere combustible ni emite CO2 ni genera residuos radiactivos durante miles de años.
Los plazos de construcción de una nuclear van de ocho a quince años, frente a dos de una central de ciclo combinado o unos ocho meses de un parque eólico, y están sujetos a enormes incertidumbres y a la oposición popular. La construcción de una central nuclear provoca un enorme endeudamiento a largo plazo, sometido a las variaciones de los tipos de interés. La mejor prueba de su nula rentabilidad es que no han resistido la prueba del mercado, y sólo las promuevan empresas públicas sin ninguna transparencia, como EDF.
Una fuente de energía debe internalizar todos sus costes, incluido el desmantelamiento de la central y la gestión de los residuos radiactivos de alta actividad. Aunque sólo sea en salarios de los guardas jurados durante miles de años, los costes del ciclo completo son ruinosos. Pero cuando hablan de costes se omiten todas esas externalidades, dando por supuesto que seremos los ciudadanos los que las paguemos.
El negocio es construir centrales nucleares, e incluso gestionarlas y vender a la electricidad, pero los residuos y el desmantelamiento de las centrales, ¿Cuánto cuesta? ¿Quién lo paga? ¿Quién corre con las pólizas de los seguros en caso de accidente? La energía nuclear es el más claro ejemplo de privatización de beneficios y socialización de pérdidas.
Las grandísimas inversiones que requieren las centrales nucleares tienen un coste de oportunidad, al detraer recursos de otros sectores más intensivos en empleo y más sostenibles, como la gestión de la demanda, el aumento de la eficiencia energética y las energías renovables.
Las centrales nucleares apenas emiten dióxido de carbono y otros contaminantes atmosféricos (dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno), pero tampoco la energía eólica o las diferentes aplicaciones de la energía solar, y las energías renovables, a diferencia de la energía nuclear, no suponen un riesgo para el medio ambiente a lo largo de todo su ciclo de vida.
Las nucleares contaminan en todas las fases, partiendo de las mismas minas de uranio, donde liberan gas radón y otras sustancias radiactivas, como radio y polonio, y destruyen grandes superficies de terreno (para obtener un kilogramo de uranio se debe remover más de una tonelada de tierra, y de este kilo sólo un 0,7% es U-235). La radiactividad emitida a lo largo de todo el ciclo de vida se concentra y acumula en la cadena trófica, no pudiéndose hablar de dosis mínimas admisibles, pues todas son peligrosas.
La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) después de más de 20 años, aún no ha encontrado ningún municipio que quiera albergar el cementerio de residuos radiactivos de alta actividad, ni el temporal ni mucho menos el definitivo, a pesar de todo lo que ofrece. Hoy, el objetivo de Enresa es modesto, pero difícil: encontrar un almacén temporal centralizado nuclear español (ATC) con una capacidad de 6.700 toneladas, una vida de 100 años y un coste de 500 millones de euros.
La urgencia del ATC responde a tres factores:
*la saturación de las piscinas de refrigeración de las centrales nucleares, donde actualmente se almacenan los residuos de alta actividad;
*en 2010 regresan de Francia 12 metros cúbicos de residuos de alta actividad, junto a 650 metros cúbicos de baja actividad, procedentes del reprocesado del combustible de Vandellós 1, enviados tras el incendio sufrido por la nuclear en 1989. En el acuerdo firmado con la empresa francesa Cogema se fijaron penalizaciones de 50.000 euros por día, a partir 2010;
*a partir de 2011 regresan los 600 kilogramos de plutonio y 100 toneladas de uranio, enviados al Reino Unido por la empresa propietaria de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).
Enresa dispone de un almacén nuclear en El Cabril (Córdoba) para residuos radiactivos de baja y media actividad, pero en él no se permite almacenar residuos de alta actividad. La central de Trillo (Guadalajara) tuvo que construir un almacén temporal individual (ATI) cuando su piscina de refrigeración alcanzó su tope de capacidad en 2002, y Zorita (Guadalajara), que se cerró el 30 de abril de 2006, también dispondrá de su propio ATI. Y si el ATC no está operativo en 2010, como es probable, serán precisos almacenes temporales individuales en Cofrentes (Valencia) y Ascó (Tarragona).
Enresa anunció en 2005 que el municipio que acoja el ATC recibirá doce millones de euros anuales, cifra que se ampliará a dieciocho millones cuando a partir de 2030 empiece a caducar la vida estimada de las centrales nucleares españolas. Pero ni aún así han encontrado ningún municipio que se ofrezca tres años después, y la situación empeorará cuando se aborde la construcción de un almacén definitivo, el denominado almacén geológico profundo (AGP), cuyo coste se elevaría, según la propia Enresa, a 12.000 millones de euros.
Hoy la industria nuclear está sumida en una profunda crisis. En 2008 había en el mundo 439 reactores nucleares comerciales en operación, con una potencia instalada de 372 Gigavatios (1 GW=1.000 MW). La energía nuclear, presentada hace 40 años como la alternativa al petróleo, al gas natural y al carbón, hoy sólo representa el 6% del consumo mundial de energía primaria, a pesar de los dudosos métodos de contabilidad, pues se considera el calor producido en la fisión y no la electricidad realmente producida. Con unos métodos menos manipulados, e idénticos a los que se aplican a las energías renovables, la participación de la energía nuclear se reduce al 2% del consumo mundial de energía primaria.
Hoy sólo se están construyendo 35 centrales, con una potencia de 28,8 GW, una de las cifras más bajas de los últimos 40 años. La cifra de pedidos es insuficiente para mantener una industria nuclear, que sólo sobrevive gracias al despilfarro de recursos públicos. La potencia instalada en 2008 (372 GW) es sólo un 13% superior a la de 1990 (328 GW), cifra doce veces inferior a los 4.450 GW previstos por la AIEA en 1974 para el año 2000, y no digamos las previsiones para 2009.
La energía nuclear, agobiada por problemas de seguridad, almacenamiento definitivo de los residuos radiactivos, costes disparatados, alternativas mejores como las centrales de ciclo combinado de gas natural, los aerogeneradores eólicos y la solar termoeléctrica, el aumento de la eficiencia y las energías renovables, y la oposición de una opinión pública bien informada, tiene un dudoso futuro, a pesar de los esfuerzos realizados para diseñar nuevos reactores más seguros, utilizando para ello enormes recursos públicos.
Mientras, un total de 110 reactores con una potencia instalada de 35.309 MW han cerrado definitivamente. La vida media de operación es inferior a los 18 años, muy alejada de los 40 años prevista por las empresas constructoras, que incluso quieren alargar la vida de las centrales totalmente amortizadas a 60 años.