El Representante Doc Hastings (R-WA) y otros conservadores afirman en el Congreso que las inversiones en energía renovable conducen a precios más elevados y a pérdidas de empleos. Dichos argumentos se basan en un estudio publicado en España.
Por Andrew Light y James Heintz
Durante los últimos años, España ha seguido un ambicioso programa de energía renovable diseñado para transformar la dependencia de fuentes de energía extranjeras. Actualmente, este país es reconocido como líder mundial en tecnologías energéticas alternativas como la eólica, el biogás y, más recientemente, la energía solar termoeléctrica. Pero usted no sabría nada de esto si escuchara a los conservadores de Estados Unidos que se han conseguido un estudio realizado por un equipo de investigadores españoles.
El trabajo realizado por el profesor Gabriel Calzada Álvarez y sus colegas fue presentado el lunes pasado en un evento celebrado en la Fundación Heritage. En este trabajo se hacen afirmaciones inexactas de que en España las inversiones del gobierno en soluciones de energía limpia causaron pérdidas de empleos y luego doblan la apuesta afirmando erróneamente que el subsidio a las inversiones en energías renovables produjo un aumento de precios de la energía en el país. Ambas aseveraciones se basan en un análisis defectuoso, no obstante, una vez más los conservadores llevaron este mensaje al Congreso para plantear estos criterios engañosos, esta vez liderados por el Rep. Doc Hastings (R-WA), miembro más antiguo de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara.
¿Cuál es el propósito de esta última serie de tergiversaciones internacionales de varios estudios? Intimidar a los estadounidenses para que renuncien a crear una economía saludable, a eliminar nuestra dependencia del petróleo extranjero y a resolver el problema del calentamiento global. Es la misma estrategia que está detrás de otros intentos recientes de influir en este debate. Así que aclaremos las cosas antes de mostrar las fallas profundas que aparecen en el informe del profesor Álvarez.
Ante todo, las inversiones con miras a mejorar la eficiencia energética producen una gran ganancia neta en nuevos empleos. El trabajo de reconversión e aislamiento de edificios, las inversiones en el transporte público y las iniciativas de red inteligente ocupan un lugar importante en las políticas del gobierno de Estados Unidos porque funcionan. En el paquete de estímulo promulgado a comienzos de este año las medidas de eficiencia energética representaban el 70 por ciento de los gastos en “empleos verdes”. Y en nuestro informe, “La recuperación verde: un programa para crear buenos empleos y comenzar a construir una economía baja en carbono”, se demuestra que esas inversiones para mejorar la eficiencia y conservar la energía muestran tasas de retorno muy elevadas, por lo que se pagan por sí solas en un plazo relativamente breve.
Estos empleos también crean un gran número de trabajos en sectores de la economía que se han visto gravemente afectados por la crisis actual como son la manufactura y la construcción. Más aun, la administración Obama ha adoptado una amplia cartera de iniciativas de energía limpia que conducirá a la creación neta de más empleos nuevos a medida que estas políticas se afianzan en la economía. El análisis de las ventajas y desventajas de esta iniciativa debe tomar en cuenta el alcance total del programa para medir su posible impacto en la economía. Pero la creación de empleo y la reducción de los precios de la energía con el tiempo debido a las inversiones en fuentes alternativas de energía para diversificar nuestras fuentes energéticas y reducir nuestra dependencia del petróleo extranjero no están en duda.
Empero, el estudio español que actualmente promueven los conservadores por todas partes en Washington ni siquiera intenta ofrecer un análisis de la gama completa de empleos que se consideran en Estados Unidos. El estudio se limita únicamente al análisis de un segmento restringido de la cartera de energía limpia más amplia de España: la inversión pública en proyectos de energía renovable. ¿Su argumento? El apoyo a la energía renovable destruye empleos, afecta a la economía y desperdicia dinero al causar la pérdida de 2,2 empleos por cada 1 empleo creado. Ellos incluso ofrecen la amenazante sugerencia de que el apoyo a la energía renovable costará vidas a causa de los precios inflados. “El aumento de los costos de la energía mata”, advierten ellos. He aquí cómo llegan ellos a sus conclusiones poco veraces.
¿Destrucción de empleos? No ocurre en el mundo real
El informe de Álvarez se basa en un punto clave pero errado: que los gastos públicos desplazan a los gastos privados. ¿Qué significa eso? Dicho de manera sencilla, significa que el informe supone que por cada dólar que se gasta en el sector público se gasta un dólar menos en el sector privado. Partiendo de esta suposición, el informe “prueba” que la inversión de España en energía limpia causó la pérdida neta de empleos, toda vez que los autores suponen que los gastos públicos desplazan totalmente a los gastos privados y que los gastos públicos como promedio crean menos empleos que los gastos privados: en este caso, se trata de los gastos públicos dedicados a la promoción de las inversiones en la energía.
Pero Álvarez y sus colegas están equivocados. Los gastos públicos aumentan la demanda de recursos económicos reales, incluidos los materiales, equipos y de mano de obra de la gente. Los gastos públicos también exigen recursos financieros. El argumento del efecto de desplazamiento supone que cuando el sector público consume más de estos recursos financieros y reales ello disminuye necesariamente la cantidad que queda disponible al sector privado. En resumen, se da por sentado que el “pastel económico” es una entidad fija. Si se sustrae una porción, otra persona no puede volver a tomar esa porción. Cuando el gobierno toma una tajada mayor, deja menos para la economía privada. El informe toma la cantidad de dinero que se gastó en estimular la independencia de energía limpia en España, deriva de esta gestión el número de empleos que se crearon, genera varios otros empleos que podrían haberse creado con la misma inversión y luego informa la diferencia como un resultado.
Con todo, incluso a nivel de un razonamiento tan elemental como éste, el argumento del desplazamiento sólo es válido en circunstancias económicas particulares. Un ejemplo es cuando se aprovechan al máximo los recursos reales de la economía, lo que quiere decir que los trabajadores gozan de pleno empleo laboral y la actual capacidad productiva se está aprovechando en el mayor grado posible. El segundo es cuando de igual modo ya se están desplegando plenamente los recursos financieros de la economía. Y el tercero es cuando los gastos públicos no aportan ninguna contribución a la ampliación de la capacidad productiva de la economía, lo que significa que no están cumpliendo su objetivo de aumentar el tamaño general del pastel económico.
Pero éste no es el mundo en que vivimos y dudamos que represente la España analizada en este estudio. En nuestra crisis económica actual, el desempleo ha alcanzado su más alto nivel en décadas, el producto interno bruto se está contrayendo y las instituciones financieras no están ofreciendo casi ningún préstamo para inversión privada, prefiriéndose por el contrario atesorar las reservas de efectivo y atenerse a los activos seguros. En estas circunstancias falla la lógica del desplazamiento. Las inversiones en energías renovables no le quitarán empleos al sector privado sino que antes bien darán empleos a los desempleados.
Más aún, el desplazamiento no se producirá necesariamente cuando la inversión pública apoye al sector privado En esta economía la inversión pública en la infraestructura económica aumenta la productividad privada. Dicho de otro modo, en realidad, esos gastos aumentan el tamaño general del pastel económico.
Es aquí donde el estudio de Álvarez viene a agravar su error original. El estudio, de manera muy conveniente, no toma en cuenta las mejoras de la infraestructura como los sistemas de carga por ferrocarril y transporte público en su evaluación de los programas de energía limpia. Existe un caudal de pruebas considerable que muestra que la inversión pública en la infraestructura económica material de la nación mejora el desempeño del sector privado al aumentar la productividad promedio. Dicha inversión ofrece tres ventajas fundamentales: el aumento de la eficiencia energética del transporte, la creación de empleos y el aporte al crecimiento del sector privado. Al suponer un cuadro excesivamente simplista del pastel económico se omiten esas ventajas del cuadro de cómo la inversión pública mejora el sector privado.
Además, la infraestructura pública no crea necesariamente menos empleos que los gastos privados. Todo depende de cómo se gaste el dinero. Las investigaciones sugieren que los gastos privados en energía de combustibles fósiles generan menos empleos que los gastos públicos en el transporte público, las modernizaciones de los edificios o las nuevas capacidades de energía eólica. Desde luego, los subsidios pueden emplearse de manera ineficiente y los programas diseñados de manera deficiente pueden crear ganancias imprevistas para intereses económicos particulares. Pero esto nunca es una conclusión que se da por sentada: el reto está en diseñar políticas públicas eficaces que eviten esta posibilidad.
Vale la pena destacar de manera particular que casi toda la inversión en energía renovable representa inversión privada. Se utilizan créditos tributarios y políticas análogas para potenciar los recursos privados y estimular una mayor inversión.
La creación neta de empleos
La experiencia estadounidense en la creación de empleos a partir de la inversión pública inicial en energías renovables demuestra que Álvarez y la Fundación Heritage están totalmente equivocados. Los subsidios para las energías renovables no son nada nuevo. Han estado implantados por décadas en forma de créditos tributarios a la producción y créditos tributarios a la inversión como la Ley de Impuestos a la Energía de 1978 y la Ley de Política Energética de 1992. Según el análisis incluido en la “Perspectiva Energética Anual para el 2009” del Departamento de Energía, el crédito tributario a la producción para la energía renovable ha sido útil en la promoción de la expansión de la energía eólica en los Estados Unidos. En los últimos años los estados individuales han adoptado programas de incentivos similares.
El resultado de estas políticas es notable. Desde 1998, la capacidad de los Estados Unidos en energía eólica ha crecido como promedio en más del 25 por ciento por año. Actualmente, es el sector energético de más rápido crecimiento, incluyendo también las industrias mineras del carbón y el petróleo y en la actualidad emplea a más personas que la industria del carbón. Dado que los subsidios a la energía eólica son una prioridad importante del estudio español, es útil examinar el impacto del programa estadounidense con más detalle.
El crédito tributario a la producción de energía renovable o CIP para la energía eólica se vence de manera periódica y hay que renovarlo. En la “Perspectiva Energética Anual para el 2009” se pronostica el aumento de la capacidad de energía eólica en dos escenarios: si se permite que se venza el actual CIP a finales del 2010 y si se prorroga a futuro el CIP vigente. Según el análisis del Departamento de Energía, si se permite que se venza el crédito la capacidad eólica aumentará en un estimado de 3,6 gigavatios del 2010 al 2020; si se prorroga el crédito, la capacidad eólica aumentaría en un 16,3 gigavatios durante el mismo período: para una diferencia de 12,7 gigavatios, lo que representa un aumento del 450 por ciento en capacidad adicional. Dado que el CIP vigente ya fue prorrogado en el paquete de estímulo del 2009 al 2012 es probable que éste brinde más certeza a los inversionistas, lo que conducirá a mayores inversiones en la energía eólica.
La capacidad añadida representa aproximadamente $24,000 millones en nuevas inversiones privadas durante la década o alrededor de $2,400 millones en capacidades nuevas por año. Utilizando la misma metodología que empleamos en la “Recuperación Verde” para calcular la creación de empleos a partir de una variedad de inversiones energéticas podemos concluir que este nivel de inversión crearía 32,000 nuevos empleos, que se sostendrían durante el período de 10 años de duración del programa.
Álvarez y sus colegas recalcan con razón en su informe que el cálculo correcto del empleo es la cifra neta de creación de empleo. Es decir, debemos considerar el número de empleos que se habrían creado si se hubiera producido el mismo nivel de inversión en otro lugar. Supóngase que, por el contrario, los $2,400 millones en capacidad eólica adicional se hubieran dirigido hacia los combustibles fósiles tradicionales. Nuestro análisis demuestra que cada inversión de $1 millón que se hiciera en el carbón crearía 7,7 empleos y que cada inversión de $1 millón en gas natural y petróleo generaría 5,4 empleos.
Por lo tanto, una inversión de $2,400 millones en el carbón produciría 18.500 empleos y la misma inversión hecha en el gas natural gas y el petróleo generaría unos 13.000 empleos. Es decir, de 13.500 a 19.000 menos empleos que la misma inversión hecha en capacidad eólica. Con el cambio hacia la energía eólica se produce una ganancia neta en empleos.
Los impactos en los precios de la energía
¿Qué pasa con los precios de la electricidad? El informe de Álvarez afirma que el subsidio de la energía renovable aumentará de manera apreciable por ley de la oferta y la demanda los precios promedio de la energía. De nuevo, esto es incorrecto. Podemos ver un panorama distinto si observamos el periodo en el que la energía eólica se ha expandido rápidamente por todos los Estados Unidos de América en respuesta a los créditos tributarios a la producción para la generación de la energía eólica desde 1998 a 2008 (utilizando los datos de la Administración de Información de la Energía de Estados Unidos).
Durante este periodo, los precios de la electricidad ajustados por la inflación han aumentado aproximadamente un uno por ciento al año. Sin embargo, sería incorrecto culpar por este aumento a la energía eólica y a otras fuentes de energías renovables. Para empezar, la energía eólica aún representa una pequeña parte del total de la producción de electricidad y los efectos sobre los precios son modestos. Asimismo, los precios de los combustibles fósiles aumentaron en general de forma más rápida durante este periodo que los precios promedio de la electricidad. De 1998 a 2008, los precios del gas natural ajustados por inflación aumentaron cerca de un 4,2 por ciento por año y los precios de la gasolina aumentaron a un ritmo anual de 3,7 por ciento. Pese a la creciente participación de las fuentes renovables de energía en la estructura de la electricidad, los precios de los combustibles fósiles mostraron un mayor aumento en comparación con los precios de la electricidad.
Por otra parte, la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles aumenta la incertidumbre económica y puede desalentar a la inversión privada. La diversificación de nuestro abastecimiento de energía mediante la puesta en servicio de las fuentes renovables contribuirá a reducir la incertidumbre económica.
Los investigadores españoles argumentan que la inversión en la energía renovable suele ser más costosa que la inversión en las formas tradicionales de generación de energía eléctrica. Pero esto es cierto únicamente si no se les presta atención a los verdaderos costes de la contaminación de los gases que producen el efecto de invernadero y a los impactos potencialmente devastadores del calentamiento global.
El Departamento de Energía calcula que los gastos de capital para la inversión en capacidad eólica son de $1,923 por kilovatios. Los gastos de capital para la producción tradicional de electricidad empleando carbón, gas y petróleo son más bajos. Con todo, los gastos de capital estimados para la generación de electricidad a partir del combustible fósil con tecnologías de captación y almacenamiento de carbono oscilan entre $1,800 y los $3,400 por kilovatio. Dicho de otro modo, la energía eólica es competitiva cuando se la compara con los combustibles fósiles bajos en carbono.
Los gastos de capital de otras tecnologías renovables como la energía solar siguen siendo elevados. La viabilidad económica de estas fuentes de energía depende de ritmo futuro del progreso tecnológico. La tecnología suele evolucionar más rápido cuando aumenta el uso. Por consiguiente, podrá existir una “trampa de baja tecnología” para la expansión de las fuentes de energía renovables de alto costo. Considere el círculo vicioso que se da en la lógica siguiente: la inversión en renovables es baja porque los costos son altos. Los costos son altos porque el progreso tecnológico ha sido lento. Pero el progreso es lento debido a que la inversión es escasa. Para romper este círculo vicioso podrá ser necesaria la política gubernamental y ubicarnos en el mismo camino hacia la independencia de la energía limpia iniciado por España.
Lecciones aprendidas
El estudio de Álvarez sí incluye algunos principios razonables a seguir a la hora de diseñar cualquier tipo de inversión pública: velar por que los fondos gubernamentales se utilicen en forma juiciosa, se evite el despilfarro innecesario y las ganancias imprevistas para las firmas individuales y ser concientes de los efectos sobre el empleo de distintas asignaciones de recursos. El apoyo de la administración Obama a las energías renovables es totalmente consecuente con estos principios y cuenta con las ventajas adicionales de adelantar la independencia energética de Estados Unidos, restablecer el liderazgo estadounidense en materia de desarrollo de tecnologías limpias, crear buenos empleos y reducir la amenaza del calentamiento global.
Pero la lección mayor es la siguiente: los conservadores en su desesperación recurrirán prácticamente a cualquier estudio con el fin de entorpecer el avance de Estados Unidos hacia la independencia de la energía limpia para poner en marcha nuestra economía. El consejo profundamente desacertado de los conservadores a los estadounidenses en medio del debate sobre la aprobación de una legislación trascendental sobre cambio climático es que no sigamos la estrategia de la energía limpia, no sea que suframos las consecuencias desastrosas ya imaginadas.
James Heintz es Director Adjunto y Profesor Asociado de Investigación del Instituto de Investigación de Economía de la Universidad de Massachusetts en Amherst. Andrew Light es Miembro Sénior del Centro para el Progreso Estadounidense.
www.americanprogress.org/issues/2009/05/espana_reporte.html
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Las ultraderechas antirenovables por Vicenç Navarro
Como era de esperar, la industria energética estadounidense, basada en las energías no renovables como el petróleo, el carbón y el gas, se ha movilizado oponiéndose a tal programa.
La inversión en energías renovables ha sido un elemento muy importante en el programa de estímulo económico promovido por la Administración Obama y aprobado por el Congreso de EE UU. Como era de esperar, la industria energética estadounidense, basada en las energías no renovables como el petróleo, el carbón y el gas, se ha movilizado oponiéndose a tal programa. Su rama política es el Partido Republicano, hoy hegemonizado por la ultraderecha de aquel país. Uno de los centros de análisis más conocidos en su órbita es la Heritage Foundation, financiada por grupos empresariales pertenecientes a tal industria. Dicha fundación niega que el cambio climático se deba a la contaminación atmosférica derivada de la utilización de la energía producida por aquel sector.
El pasado 6 de mayo, esta fundación presentó el informe escrito por Gabriel Calzada (y colaboradores), fundador y presidente de la Fundación Juan de Mariana, de Madrid, y miembro del Center for New Europe, en Bruselas, que, según una fuente no sospechosa de izquierdismo, The Wall Street Journal está financiado, en parte, por la compañía petrolera Exxon (The Wall Street Journal 30-03-09). En ese acto, las personas que presentaron tal informe eran Robert Murphy, economista del Institute for Energy Research (también financiado por Exxon); el profesor de Economía en el Josh College en Pensylvania William T. Bogart, cuyo libro Green Jobs Myth fue producido con el apoyo del citado Institute for Energy Research; y Ben Lieberman Host, director de la sección de Energía y Medio Ambiente de la Heritage Foundation, que también recibe fondos de Exxon.
Las tesis de tal informe (“Study of the effects on employment of public aid to renewable energy sources”) son que las inversiones en las energías renovables contribuyen a aumentar el desempleo, y que el apoyo público a tales energías incrementa, en lugar de reducir, el precio de la energía. Estas tesis están escritas con un tono que raya la estridencia. Así, indica que el número de muertos en nuestras poblaciones puede aumentar con la introducción de tales energías renovables, como consecuencia del incremento de los costes de la energía. El informe sostiene que “el aumento de los costes de la energía (causada por las ayudas a las energías renovables) mata”.
La evidencia que el informe utiliza para apoyar sus sorprendentes tesis procede de la experiencia en España, donde el Gobierno socialista ha promocionado las políticas de energías renovables. En realidad, el presidente Obama, en una conferencia de prensa, se refirió a España como un país que se había distinguido por su sensibilidad hacia la necesidad de desarrollar los sectores económicos no contaminantes, tanto el ferrocarril como las energías renovables. Estas declaraciones del presidente Obama, favorables a la experiencia en España, explican también que el Partido Republicano y la ultraderecha estadounidense hayan utilizado el “Informe Calzada” para desacreditar a Obama, promoviendo el punto de vista –suscrito en el informe– de que la experiencia española con las energías renovables ha sido un “desastre”, expresión utilizada por el representante republicano Doc Hastings, del Comité del Congreso de EEUU, encargado de los Recursos Naturales de la Cámara.
Y, como era predecible, la cadena Fox (la cadena de la ultraderecha republicana) hizo una entrevista al señor Calzada en la que este, en términos muy contundentes, afirmó que España no tiene nada que enseñar a EEUU en creación de empleo. Fue entrevistado por Glen Beck, a quien podríamos definir como el Losantos estadounidense (en una revista reciente indicó que detrás de cada musulmán veía a un terrorista). Beck, con su característico tono, concluyó que Obama, con su énfasis en energías verdes, estaba llevando a EEUU a una “catástrofe”.
En España, Público (19-07-09) ha informado sobre tal informe y las conexiones estrechas entre el Instituto Juan de Mariana y la línea más dura del PP (José María Aznar y Esperanza Aguirre) y sus alianzas con la ultraderecha estadounidense. El informe y sus conexiones, sin embargo, han pasado desapercibidas por la mayoría de los medios de información españoles. No así en EEUU, donde tal informe ha sido citado extensamente por los medios, no tanto por sus méritos (que son nulos), sino por haber sido utilizado por la ultraderecha estadounidense para atacar al presidente Obama.
El análisis crítico más devastador del informe ha sido escrito por los profesores Andrew Light y James Heintz, de la Universidad de Massachussets (expertos en el análisis de producción de empleo), que se han referido al informe como “enormemente simplista y carente de rigor” (Tall Tales from Spain 2009). Según tales autores, el informe alcanza niveles exuberantes en su manipulación de los datos mediante:
1) La reducción sistemática del número de puestos de trabajo creados por las energías renovables, crítica que también ha hecho José Roig Aldasoro, Consejero de Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno de Navarra, que ha indicado que la creación de empleo a base de inversión en energías renovables ha sido más de trece veces superior al que declara el informe.
2) La no inclusión en el informe de los puestos de trabajo creados indirectamente por tales energías a través de la demanda de productos utilizados en las inversiones en energías renovables.
3) La no consideración de las externalidades, es decir, del efecto contaminante de las energías no renovables versus las renovables, y otras muchas carencias. Estudios más creíbles realizados en EEUU, tales como los de Light y Heinz, señalan que las energías renovables producen muchos más puestos de trabajo que las no renovables. Ello es aplicable también a España. Por cierto, la tasa de creación de empleo de España fue mayor que la de EEUU durante el periodo 2004-2007. España en algunas áreas puede dar lecciones a EEUU, tal como el presidente Obama indicó.
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Tall Tales from Spain
By James Heintz, Andrew Light
Spain, over the past several years, has pursued an ambitious renewable energy program designed to turn it around from dependence on foreign sources of energy. The country is now lauded as a global leader in alternative energy technologies such as wind, biogas, and, more recently, concentrated solar thermal. But you wouldn’t know any of this if you listened to conservatives in the United States who have latched onto a paper by a team of Spanish researchers.
The paper, by Professor Gabríel Calzada Álvarez and colleagues, was featured this past Monday at an event at the Heritage Foundation. It inaccurately claims there were job losses in Spain due to government investments in clean-energy solutions and then doubles down by mistakenly claiming that subsidizing renewable energy investments led to higher energy prices in the country. Both assertions are based on flawed analysis, yet once again conservatives took this message to Congress to make these misleading points, this time led by Rep. Doc Hastings (R-WA), ranking member of the House Committee on Natural Resources.
The purpose of this recent raft of intentional distortions of several studies? To scare Americans away from creating a healthy economy, eliminating our reliance on foreign oil, and solving the problem of global warming. It’s the same strategy behind other recent attempts to influence this debate. So let’s set the record straight before demonstrating the deep flaws in the report by Professor Álvarez.
First of all, investments to improve energy efficiency result in a large net gain in new jobs. Work on building retrofits, weatherization, mass transportation investments, and smart grid initiatives all feature prominently in U.S. government policies because they work. In the stimulus package enacted earlier this year energy-efficiency measures accounted for about 70 percent of the “green jobs” spending. And our report, “Green Recovery: A Program to Create Good Jobs and Start Building a Low-Carbon Economy,” demonstrated that such investments to improve efficiency and conserve energy have very high rates of return, paying for themselves in a relatively short period of time.
These jobs also create a large number of jobs in sectors of the economy that have been hit hard by the current crisis, such as manufacturing and construction. What’s more, the Obama administration has embraced a broad portfolio of clean-energy initiatives that will lead to more new net job creation as these policies take hold in the economy. Analysis of the advantages and disadvantages of this initiative needs to take into account the full breadth of that program in order to measure its potential impact on the economy. But job generation and lower energy prices over time due to investments in sources of alternative energy to diversify our energy sources and reduce our dependence on foreign oil are not in doubt.
Yet the Spanish study now being peddled around Washington by conservatives does not even attempt to offer an analysis of the full range of jobs under consideration in the United States. The study is limited only to an analysis of one restricted slice of the larger clean-energy portfolio in Spain: public investment in renewable energy projects. Their argument? Supporting renewable energy destroys jobs, hurts the economy, and wastes money by causing the loss of 2.2 jobs for every 1 created. They even offer the ominous suggestion that supporting renewable energy will cost lives due to inflated prices. “Raising energy costs kills,” they warn. Here’s how they reached their flawed conclusions.
Job destruction? Not in the real world
The Álvarez report rests on a critical yet mistaken assumption—that public spending crowds out private spending. What does this mean? Put simply, it means that the report assumes that every $1 spent by the public sector represents $1 less spending by the private sector. Using this assumption the report “proves” that Spain’s investment in clean energy resulted in a net job loss because the authors assume that public spending completely crowds out private spending and that public spending creates fewer jobs on average than private spending—in this case, public spending on promoting energy investments.
But Álvarez and his colleagues are wrong. Public spending increases demand for real economic resources, including materials, equipment, and people’s labor. Public expenditures also require financial resources. The crowding-out argument assumes that when the public sector consumes more of these real and financial resources it necessarily diminishes the amount available to the private sector. In short, the “economic pie” is assumed to be a fixed entity. Take one piece out and it can’t be taken out again by someone else. When the government takes a bigger slice, it leaves less for the private economy. The report takes the amount of money that was spent to stimulate clean-energy independence in Spain, derives the number of jobs that were created as a result of this effort, generates a number of other jobs which could have been created with the same investment, and then reports the difference as a finding.
Yet even at the level of such simple reasoning the crowding out argument only holds in specific economic circumstances. One instance is when the economy’s real resources are being fully utilized, meaning that workers are fully employed and the existing productive capacity is being used to its fullest extent. The second is when the economy’s financial resources are similarly already being fully deployed. And the third is when public spending makes no contribution toward expanding the economy’s productive capacity, meaning that it is not succeeding in its purpose of increasing the overall size of the economic pie.
But this is not the world we live in and we doubt it represents the Spain analyzed in this study. In our current economic crisis, unemployment has reached its highest level in decades, gross domestic product is contracting, and financial institutions are providing almost no loans for private investment, preferring instead to hoard cash reserves and stick to safe assets. Under these circumstances the logic of crowding out falls apart. Investment in renewable energy will not take jobs away from the private sector but rather will provide jobs to the unemployed.
Moreover, crowding out will not necessarily occur when public investment supports the private sector. In this economy public investment in economic infrastructure raises private productivity. In other words, such spending actually increases the overall size of the economic pie.
This is where the Alverez study compounds its original mistake. The study, rather conveniently, does not count infrastructure improvements such as freight rail and mass transit systems into its assessment of clean-energy programs. There is a substantial body of evidence showing that public investment in the nation’s physical economic infrastructure improves private-sector performance by raising average productivity. Such investment provides three core benefits—increasing the energy efficiency of transportation, creating jobs, and contributing to private-sector growth. By assuming an overly simple picture of the economic pie such advantages are omitted from the picture of how public investment improves the private sector.
Moreover, public infrastructure does not necessarily create fewer jobs than private spending. It all depends on how the money is spent. Research suggests that private spending on fossil fuel-based energy generates fewer jobs than public spending on mass transit, building retrofits, or new wind power capacity. Of course, subsidies can be used inefficiently and poorly designed programs may create windfall gains for particular economic interests. But this is never a foregone conclusion—the challenge is to design good public policies that avoid this possibility.
It is especially worth stressing that almost all of the investment in renewable energy represents private investment. Tax credits and similar policies are used to leverage private resources and encourage greater investment.
Net job creation
The U.S. experience in job creation from initial public investment in renewable energy proves Álvarez and the Heritage Foundation completely wrong. Subsidies for renewable energy are nothing new. They have been in place for decades in the form of production tax credits and investment tax credits such as the Energy Tax Act of 1978 and the Energy Policy Act of 1992. According to the analysis contained in the Department of Energy’s “Annual Energy Outlook 2009,” the 1992 production tax credit for renewable energy has been instrumental in promoting the expansion of wind energy in the United States. Individual states have also adopted similar incentive programs in recent years.
The outcome of these policies is notable. Since 1998, U.S. capacity in wind power has grown by an average of more than 25 percent a year. It is now the fastest-growing energy sector inclusive of extractive industries such as coal and oil and now employs more people than the coal industry. As subsidies for wind power are a major focus of the Spanish study, it is useful to examine the impact of the U.S. program in more detail.
The renewable energy production tax credit, or PTC, for wind expires periodically and must be renewed. The “Annual Energy Outlook 2009” forecasts the increase in wind power capacity under two scenarios: if the current PTC is allowed to expire at the end of 2010 and if the existing PTC is extended into the future. According to the Department of Energy’s analysis, if the credit is allowed to expire wind capacity would increase by an estimated 3.6 gigawatts from 2010 to 2020; if the credit is extended, wind capacity would increase by 16.3 gigawatts over the same period—a difference of 12.7 gigawatts, which represents a 450-percent increase in additional capacity. Because the current PTC was already extended in the 2009 stimulus package to 2012 it will likely provide more certainty for investors leading to larger investments in wind energy.
That added capacity represents approximately $24 billion in new private investment over the decade, or about $2.4 billion in new capacity a year. Using the same methodology we employed in “Green Recovery” to estimate job creation from a variety of energy investments we can conclude that this level of investment would create 32,000 new jobs, which would be sustained over the 10-year period of the program.
Álvarez and his colleagues rightly stress in their report that the correct employment estimate is the net job creation figure. That is, we need to consider the number of jobs that would have been created if the same level of investment would have occurred elsewhere. Suppose that the $2.4 billion in additional wind capacity had been directed toward conventional fossil fuels instead. Our analysis demonstrates that each $1 million investment in coal would create 7.7 jobs and each $1 million investment in natural gas and petroleum would generate 5.4 jobs.
Therefore, a $2.4 billion investment in coal would yield 18,500 jobs and the same investment in natural gas and petroleum about 13,000 jobs. That is, 13,500 to 19,000 fewer jobs than the same investment in wind capacity. There is a net employment gain by the shift toward wind power.
Impacts on energy prices
What about electricity prices? The Álvarez report claims that subsidizing renewable energy will significantly bid up average energy prices. Again, this is incorrect. If we look at the period in which wind energy has expanded rapidly in the United States in response to the production tax credit for wind from 1998 to 2008 (using data from the U.S. Energy Information Administration) we see a different picture.
Over this period, electricity prices, adjusted for inflation, have increased by about 1 percent a year. It would be wrong however to blame this increase on wind and other renewable sources of energy. For starters, wind power still accounts for a small share of total electricity generation, and the price effects are modest. Also, fossil fuel prices generally increased faster than average electricity prices over this same period. From 1998 to 2008, natural gas prices, controlling for inflation, increased by about 4.2 percent a year and gasoline prices at an annual rate of 3.7 percent. Fossil fuel prices showed a larger increase than electricity prices, despite the growing share of renewable sources of energy in the electricity mix.
Moreover, the volatility in fossil fuel prices increase economic uncertainty and can discourage private investment. Diversifying our energy supply by bringing renewable resources online will help reduce economic uncertainty.
The Spanish researchers argue that investing in renewable energy is often more expensive than investing in conventional forms of energy generation. But this is only true if we do not pay attention to the true costs of greenhouse gas pollution and the potentially devastating impacts of global warming.
The Department of Energy estimates that capital costs of investing in wind capacity are $1,923 per kilowatt. The capital costs of conventional electricity production using coal, gas, and oil are lower. Yet the estimated capital costs of fossil fuel-based electricity generation with carbon capture-and-storage technologies range from $1,800 to $3,400 per kilowatt. In other words, wind power is competitive when compared to low-carbon fossil fuels.
The capital costs of other renewable technologies, such as solar power, remain high. The economic viability of these sources of energy will depend on the future rate of technological progress. Technology often evolves fastest when use increases. Therefore, a “low technology trap” may exist for the expansion of high-cost renewable sources of energy. Consider the following circular logic: investment in renewables is low because costs are high. Costs are high because technological progress has been slow. But progress is slow because investment remains low. Government policy may be necessary to break free from this cycle and put us on the same path to clean-energy independence pioneered by Spain.
Lessons learned
The Álvarez study does include some reasonable principles to follow when designing any sort of publicinvestment: insure government funds are used wisely, avoid unnecessary waste and windfall gains to individual firms, and be cognizant of the employment effects of different allocations of resources. The Obama administration’s support for renewable energy is entirely consistent with these principles, and has the additional benefits of advancing U.S. energy independence, restoring U.S. leadership in clean-technology development, creating good jobs, and reducing the threat of global warming.
But the larger lesson is this: Conservatives in desperation will turn to just about any study to warp U.S. progress toward clean-energy independence to power our economy. Conservatives’ deeply misguided advice to Americans in the midst of a debate over passing landmark legislation on climate change and improving our renewable energy portfolio is to not pursue a clean-energy strategy lest we suffer imagined disastrous consequences.
James Heintz is Associate Director and Associate Research Professor at the Political Economy Research Institute at the University of Massachusetts at Amherst. Andrew Light is a Senior Fellow at the Center for American Progress.
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